Desigualdad y felicidad a la colombiana

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Una forma simple de desenmascarar la posición política de extrema derecha, dogmática y retrógrada de alguien, o mejor, digámoslo de una vez, de desentrañar su liviandad de principios morales y el abuso que hace de su fe religiosa o de sus privilegios económicos y de clase, es ver de qué manera juzga las causas de la desigualdad social y las expresiones populares que tienden a encontrar soluciones a esa discriminación a través de la protesta u otras formas de lucha reivindicatoria.

Basta observar con detenimiento y objetividad el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2011, divulgado en los primeros días de noviembre de este año por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para darnos cuenta de la espantosa iniquidad y la apocalíptica injusticia por la cual hacen su tránsito vital hombres y mujeres, niños y ancianos de todas las latitudes del mundo incluyendo, quién lo creyera, vastos sectores de la población estadounidense y europea. Pero como nuestra preocupación mayor está anclada aquí y ahora en nuestra disparatada Colombia, sumerjámonos por un momento en algunos de los escenarios que nos llevaron a ocupar el deshonroso tercer lugar entre 129 países del planeta, superando tan sólo a dos naciones dramáticamente atrasadas como lo son Haití y Angola.

Dato escalofriante y denuncia vergonzosa que da la sensación de que el gobierno y numerosos actores del poder político y la economía preferirían engavetar.

El informe es preciso y contundente. No da para las interpretaciones soslayadas e impúdicas con que el verbo desfachatado de los causantes del acelerado deterioro social quieren explicarlo, buscando con ello el modo de preservar sus privilegios, sin importar que ese estado de cosas se mantenga o agrave. Y las señales de preocupación que nos envían son estas: el Estado y el gobierno están haciendo todo lo posible para que, dentro del marco de la democracia y las instituciones, y en el ejercicio de los deberes patrióticos que la Constitución y la ley establecen, dicha realidad cambie. De tal manera que creamos que los señores que tiene las riendas del poder político y el imperio económico están haciendo todo lo posible por alcanzar un equilibrio que albergue satisfactoriamente las aspiraciones del conjunto de la sociedad.

¡Todo es cuestión de paciencia, señores!

Para incursionar brevemente en este tema, quizás el de mayor calado en lo que tiene que ver con el desarrollo y la sobrevivencia de los seres humanos, debemos aceptar que el meollo de esta crisis está centrado en la distribución del ingreso, la riqueza y el consumo, estudiado por las Naciones Unidas mediante una medición llamada “Coeficiente Gini de ingresos”. Allí se demuestra, palmariamente, cómo la humanidad está dividida irremediablemente entre vivos y bobos.

Es de anotar que los factores con mayor frecuencia esgrimidos para explicar nuestra desigualdad social, son algunos de ellos azarosamente acomodaticios, simplistas y hasta perversos: la procreación desmedida e irresponsable de los humildes, el atraso histórico de ciertos grupos étnicos, la crianza y educación dada a los hijos por sus padres, la “pereza” intrínseca en la gente del “pueblo” que no les permite asumir posiciones correctas ni acciones o decisiones que les pueda ayudar a salir del atolladero, y en fin, sin ir más al fondo respecto de la desigualdad de oportunidades, punto esencial, a veces se refieren a la población migrante como causante de su propio desequilibrio, no importa que haya sido llevada a esa condición por componentes de abandono estatal, violencia, desarraigo y despojo.

Y si alguna consecuencia funesta le está trayendo a Colombia esta tremenda desigualdad social reseñada por el organismo internacional, boomerang sepulturero ella misma para los poderosos de la economía nacional y la alegre comparsa de los políticos corruptos y los gobiernos ineptos, o peligrosamente arbitrarios y delirantes como el de Uribe, es en sí mismo el conflicto armado colombiano ahora propenso a devenir en una inimaginable guerra civil.

Permítaseme reproducir unas pocas estadísticas que le dan fuerza y sentido a mi consternación:

Los ricos en Colombia vienen haciéndose al 6 por ciento del ingreso nacional, en tanto que las mayorías captan el 3 por ciento.

El 0,06 por ciento de los propietarios rurales, que tienen más de 2.000 hectáreas cada uno, poseen el 53,5 por ciento de la tierra, en contraste con el 83 por ciento, que tienen predios de menos de 15 hectáreas y son dueños del 7,2 por ciento. Con razón, el vocero de la ONG inglesa, Oxfam Asier, Hernando Malax, acaba de afirmar: “Colombia es uno de los países del mundo con más desigualdad en el acceso a la tierra, hay pocos países del mundo que sean más desiguales que Colombia, y esto lleva a situaciones enormes de pobreza rural, contribuye al conflicto y limita el desarrollo que se pueda llevar a cabo”.

Mientras el sueldo de un congresista ronda los 21 millones de pesos, el salario para un trabajador es de 535.500 pesos.

Pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) y el Gasto Público se multiplicaron por dos en los últimos veinte años, la pobreza extrema apenas se redujo en 2 por ciento y la desigualdad está intacta.

El 10 por ciento más rico de la población se embolsilla la mitad del PIB y el 10 por ciento más pobre apenas alcanza a rozar el 0,6 por ciento del mismo.

¿Por ello será que cada vez se repite más aquello de que entretanto “el capitalismo privatiza las ganancias, socializa las pérdidas?

Y, vaya cinismo: “Somos el país más feliz del mundo”, ordenaron que repicaran algunos de los dueños del 6 por ciento del ingreso nacional a sus todopoderosos voceros, mientras el 17% de nuestros compatriotas vive de milagro, o más exactamente, 20,5 millones de colombianos son pobres y 7,9 millones, indigentes.

Pero, entonces, así, ¿cómo es eso de que somos una Colombia feliz?

Aborto: lo criminal está en su prohibición

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

En lo tocante al aborto sólo tienen peso conceptual dos posiciones explícitas: la de aquellos que lo califican de crimen y la de quienes consideramos que el crimen se incuba precisamente en su prohibición. No hay, pues, en lo referente a este tema, manera alguna de refugiarse en aquel famoso simplismo de intermediación o conciliación que invocamos como “más o menos”. O se está con él, o se está contra él.

El proyecto de reforma constitucional -llevado al Congreso por el partido conservador y por la extrema derecha, su aliada representada por los uribistas del partido de la U- que penalizaría el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, al modificar el artículo 11 de la Carta Política desequilibra escandalosa y perversamente el rigor de una justicia equitativa cuando lo extiende a todas las circunstancias que llevarían a considerarlo, concitando una aberrante ocasional “pena de muerte” en detrimento de las madres, lo cual para sus defensores no es grave, como sí lo sería, según ellos, cuando afecta la gestación, es decir, lo “contingente”. No hay sindéresis en ello, y punto.

De hecho, lo que se proponía desde la Comisión Primera del senado -en buena hora sepultado -, no era otra cosa que “tumbar” la sentencia 355 del 2006 de la Corte Constitucional que consiente su práctica en casos de violación, malformaciones genéticas o cuando la salud o la vida de la madre corran graves riesgos. Eso, evidentemente, poco les importa.

El proyecto de acto legislativo 06 en nada favorecía a la salud pública, la medicina, la ciencia, el derecho y la ética, y muy por el contrario, esta improvisada arremetida retardataria dirigía sus absurdas intenciones, mientras abusaba del justo espíritu constitucional defendido con valor por la Corte Constitucional, al bajo mundo del aprovechamiento político y electoral, con consecuencias tan perturbadoras como primitivas y contrarias a los avances de la civilización y los logros científicos de la humanidad, al pretender la negación a necesidades tales como los métodos acreditados de anticoncepción, o la fertilización in vitro o, en fin, la investigación en células madre y la misma eutanasia.

Mucha tinta se ha derramado desde cuando nuestro país se asomó tímidamente al tema del aborto como una exigencia para el mejoramiento de la salud pública de los colombianos. Los diferentes sectores activos de nuestra sociedad a través de instituciones jurídicas, organizaciones religiosas, ONGs, la academia, columnistas de medios y destacadas personalidades, no han desaprovechado oportunidad para volcar con evidente énfasis sus propios puntos de vista. De todo se ha dicho con razón o sin ella. Pero he aquí un ejemplo de interpretación acertada tomado de un editorial del diario El Tiempo:

“La sentencia C-355 -del 10 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional- no es una carta blanca para abortar, como lo pintan sus críticos. Al contrario, limita la traumática opción a tres situaciones extremas para las mujeres. Y, aun dentro de esos límites, los distintos actores estatales, del sistema de salud y de la justicia ignoran el sufrimiento femenino y desdeñan los derechos de la mujer. La reforma constitucional de los conservadores subordina el déficit de los derechos reproductivos a los principios absolutos de su fe religiosa. Prefiere que el Estado adopte un credo a que cumpla los fallos de sus altas cortes.”

Y ya lo había dicho yo en esta misma columna de Semana el 25 de abril de 2006, en un artículo que denominé “El aborto: ¿una vida por otra?”:

“Los primeros, como casi único argumento, invocan a Dios y la moral religiosa, es decir, argumentaciones subjetivas. Los segundos, con objetividad, reclaman lo objetivo: primero la existencia y lo que ya es de este mundo. Los enemigos del aborto parecieran querer hacer prevalecer lo que puede llegar a ser, por sobre lo que ya es, una vida humana en pleno ejercicio de su existencia. Lo latente por sobre lo existente. Y aunque ponen el grito en el cielo llamando a las madres que abortan asesinas de sus hijos, no creo que quienes estamos de parte del aborto llegáramos a llamar a sus hijos inconvenientes en gestación, asesinos de su propia madre. ¡Que sea la madre a quien se deba inmolar en aras de una vida eventual¡ Antes que sacrificar lo gestado, hay que matar a quien lo gesta. En este país prima por sobre la vida de la madre, el periodo gestacional de un feto”.

El anuncio de que el Partido Conservador echará mano de un referendo como herramienta constitucional para hacer posible la penalización del aborto, parece ser una de las últimas patadas de ahogado con que se nos notifica este jurásico exabrupto.

Una consulta popular requiere ante todo una premisa con fundamento, proporcionada y sensata. Pueda ser que la ciudadanía así lo entienda y eche por la borda lo que sólo será un desgaste inútil para la democracia y un despilfarro económico inexcusable.

Y por último, para vigorizar la embestida conservadora, salta de pronto como un salvavidas estertóreo el denominado plan B que, liderado por el señor Procurador Alejandro Ordóñez, pone a consideración del Congreso un proyecto de ley que apunta a regular la objeción de conciencia pretendiendo con ello hacerle el esguince a lo establecido por la Corte. Pero desmedidos en sus apetencias, los conservadores buscan con un habilidoso añadido la ampliación de su cobertura a las instituciones privadas, a sabiendas de que lo formulado por el Procurador y su “añadido” sólo tiene cabida para las personas naturales y no para las instituciones. "Eso es intentar llevar las convicciones religiosas personales al plano del Estado, para obtener propósitos de tipo confesional”, declaró recientemente el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán.

¿Qué destino próspero y moderno podría alcanzar un país que, mientras ve pasar el avance de la medicina, la ciencia y la tecnología por el resto del mundo, se empeña en mantener estancado el propio desarrollo de su civilización, y por añadidura, tendido somnoliento sobre el regazo del statu quo, cuando no en la más condenable regresión?

La farsa del voto obligatorio

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com.co

Argumentado como una debilidad democrática la abstención histórica en los comicios electorales colombianos, amén del clamor general por la depuración del sufragio, el senador Rodrigo Villalba Mosquera radicó en el Congreso de la República a mediados del año pasado un proyecto de ley mediante el cual se intenta instituir el voto obligatorio en Colombia. Aunque respetando y entendiendo dichos argumentos, ambos de la mayor valía argumental, nuestra posición contraria a dicha propuesta nos lleva sin demoras ni reservas a intentar refutar la que consideramos una descabellada posibilidad que, de tanto en tanto, en ocasiones electorales o en tiempos de derrotas políticas, ponen a sonar algunos personajes inmersos en diversas ideologías todas ellas de tendencia derechista y en veces fascista, que no saben a qué más echarle mano para garantizar una curul perpetua que les asegure el estupendo negocio que ella por sí sola encierra.

Lo primero que habría que decir frente a esta eventual "gran reforma del sistema electoral colombiano", es que no garantiza que con el voto obligatorio serán derrotados -per se- el hecho de elegir o hacerse elegir con el expreso propósito de montar un negocio personal o familiar, ni nos ofrece blindaje alguno contra los fraudes en los escrutinios, ni le pone una férrea talanquera a las maquinarias clientelistas, ni nos ampara del imperio del dinero, ni le hace un quite a los carteles de los contratistas, ni nos escuda de los empresarios o las empresas mismas escogiendo a quienes legislarán para ellos, ni nos sustrae del preponderante dinero sucio, etc., etc., todo ello, como bien se sabe, en el cuerpo de una llaga putrefacta y aparentemente incurable que por los tiempos de los tiempos viene afectando la transparencia y la legalidad misma de las elecciones.

Quien ahora se empeña en sacar adelante esta inconveniente aventura reformista, no pudiendo ofrecernos argumento distinto que salve el concepto esencial del término democracia, se limita a decirnos que "el voto obligatorio puede convertirse en antídoto eficaz contra estas prácticas corruptas" aunque por fortuna reconoce, eso sí, que "visto en esos términos suena antidemocrático". Sin embargo, parece que aunque asimila y defiende el "derecho ciudadano" al voto obligatorio, no expresa igual sentimiento de lealtad con el derecho a la libre expresión sin ataduras como podría ser la abstención misma. La libertad individual y ese derecho ciudadano que esgrime, si está poseído por un verdadero espíritu democrático, pueden permitirle a quien quiera que sea, elegir o abstenerse de hacerlo. ¿No es acaso la democracia el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada por las autoridades escogidas por el pueblo en elecciones libres? Hasta ahora, al menos, no hemos visto una interpretación de democracia en donde se diga que la escogencia de tales autoridades representativas del querer popular deberá ser hecha tras la votación obligatoria de todos y cada uno de los componentes de la sociedad que elige. Porque es que una elección democrática es aquella que hace la mayoría que ha participado libremente en la escogencia de un candidato, sin pretender que para que la democracia cumpla a cabalidad su cometido, tal candidato deba ser ungido por las mayorías pero tras la participación obligada de todo el mundo en esa elección. Ese "unanimismo" o frenéticas mayorías muy próximas a él, nos recuerdan aquellas derechas recalcitrantes y dictatoriales con nombres históricamente nefastos tales como Hitler, allá, y Uribe Vélez, acá.

Y cuán deleznable puede llegar a ser aquella apreciación de Kelsen cuando nos quiere hacer creer que "el voto obligatorio no coarta la libertad del ciudadano en tanto que sólo lo obliga a participar en la elección, pero no influye en la manera de votar, ni ejerce influencia alguna sobre su voto". Con esta cita traída por el autor de la propuesta, es más lo que se le perjudica que lo que se le ayuda a su argumentación.

Si bien países como Australia, Bélgica y Luxemburgo optaron por el voto obligatorio, también es cierto que Holanda, en 1970, y Austria no hace mucho, lo objetaron. Y aquí en Latinoamérica tan solo Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador lo practican.

Así como el sufragio universal en una democracia lleva implícita la expresión sagrada de la soberanía individual, el derecho de cada quien a no ejercerlo no es menos sagrado o soberano.

Y para oponernos a esta propuesta del voto obligatorio tendríamos entre muchos otros, estos dos últimos argumentos. De un lado, esta obligatoriedad sirve con generosidad a los intereses de los grandes partidos, de los partidos mayoritarios quienes ven cómo el Estado hace el costoso esfuerzo requerido para reunir a los votantes eximiéndoles a ellos de tremendos gastos y desgastes en sus campañas, movilizaciones de electores, trasporte, propaganda de seducción para llevar a sus "clientes" a las mesas de votación, etc. De otro lado, la conminación a toda la población, ejercida por los gobiernos para establecer políticas sociales obligando a sus ciudadanos en asuntos tales como el pago de los impuestos, la educación obligatoria, el servicio militar, y tantas otras prácticas de ineludible compromiso, deberían ser vistas por su importancia como prioritarias frente al simple pero extravagantemente costoso capricho de reunirle a toda la población en edad de sufragar a unos partidos fuertes que verán complacidos el esfuerzo ingenuo que el Estado hace para seguirlos privilegiando.

En fin, vale la pena insistir en que el único acto que puede llamarse obligatorio en esta "revolucionaria reforma" es la asistencia electoral, lo cual sólo sugiere, o incluso se traduce, más que en voto obligatorio, en obligatoria concurrencia al acto electoral.

R.I.P. a la cadena perpetua

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Sorprendente es decir poco frente a la escandalosa frase que soltara por estos días Juan Manuel Corzo, “presidente del Congreso de la República de Colombia” -que con tal prosopopeya sería registrado por la prensa internacional y por medios tan importantes como The Wall Street Journal o Le Monde de Francia- cuando luego de lamentarse porque su salario neto de 16 millones de pesos como presidente del Senado no le alcanzaba -según él y sólo él- para surtir de gasolina a sus dos vehículos asignados, afirmara textualmente: "Prefiero que me paguen la gasolina y no robarle plata al Estado”. Y es que, ¿cómo no ver implícita en esta afirmación una “advertencia” gravísima, una especie de chantaje, y de contera, una eventual incitación e incluso una presunta aprobación a aquellos que por falta de recursos, patrocinios o subsidios, recurren a las criminales mañas de la corrupción para surtirse de lo que necesitan? Si no quieres que te lo robe, regálamelo. O como lo registra Mil en caricatura de El Tiempo: “Prefiero que me regale su dinero a tener que atracarlo.”





  Pero qué decir de lo afirmado irresponsablemente por una dama que se ha entregado en los últimos años a promover severas condenas para aquellos que atenten contra la integridad y la vida de los menores de edad. Gilma Jiménez Gómez, senadora por el Partido Verde, acaba de afirmar que una buena proporción de colombianos “quieren” que violen y maten a los niños cuando afirma que “la inmensa mayoría de este país no quiere que violen ni maten a los niños”. Si la inmensa mayoría no quiere, según ella, una minoría sí lo quisiera. Frase extravagante derivada de una pasión que probablemente lleve implícito su desbordado afán por alcanzar sus metas a como dé lugar, a punta de “atajos” y con el “todo vale” en su cartera, y de paso le amplíe su espectro electoral. La señora Jiménez parece que escogiendo este drama, se hubiera encontrado con el filón electoral que buscaba. Más audaz, quién lo creyera, que cualquier exitoso cacique de provincia. Y no contenta con semejante exabrupto, remata “ofendida”: “A asesinos y violadores de niños les salieron defensores”. ¿Quiénes? Entonces, ¿seremos nosotros, los millones de compatriotas que rechazamos este tipo de condena, los que al oponernos a la cadena perpetua estamos incursos en el delito de torturadores, violadores, exterminadores y asesinos de infantes?

¡Qué vaina con estas frases temerarias!


Gilma Jiménez


Pero veamos qué alega a gritos ella y olvidémonos por un instante de sus íntimos propósitos. Una condena de 60 años, como la que ya existe en Colombia para responsables de delitos atroces, y sin rebajas ni otras blanduras penitenciarias como lo establece la ley, de alguna manera se traduce en cadena perpetua. Ahora, quien no quiera verlo así y promueva una alteración constitucional en donde se advertiría de entrada una seria contradicción con la letra de nuestra Carta y un portazo a los tratados internacionales de derechos humanos, con la inevitable consecuente declaratoria de inexequibilidad que tarde que temprano le llegará, lo que está haciendo no es otra cosa que, para el caso de la senadora Jiménez, amparada en la popularidad de estas propuestas que arrastran una simpatía meramente emocional de la opinión pública, buscar un rédito político cuyo caprichoso costo constitucional y jurídico debería causarle, más temprano que tarde, arrepentimiento y sonrojo.

¿Qué si no fue una engañifa la búsqueda de un proyecto de ley para convocar un referendo que cambiara la Constitución consintiendo la cadena perpetua para los abusadores y asesinos de menores cuyo resultado final, dado lo artificioso y deleznable de su propósito, no fue otro que la inevitable sepultura que el Gobierno y el Congreso de la República se vieron en la urgencia de darle a la precipitada y a un mismo tiempo inútil y costosa iniciativa?

Y es que, además, miremos a ver si es cierto o no que a casi cualquier edad del delincuente que la amerite se encontrará con que en promedio saldría de prisión entre los 80 y los 120 años teniendo en cuenta que la ley ya ha abolido la posibilidad de otorgar rebajas muy particularmente si se trata de tales delitos cometidos contra los menores de edad.

Se ha hablado mucho por estos días al respecto de esta iniciativa con argumentos más sólidos los unos que los otros, pero hay uno entre ellos que, al oponérsele, por su contundencia se destaca como irrefutable y sentencioso. Y es este: La cadena perpetua, al determinar que el delincuente que la “merezca” se mantendrá toda su vida en prisión, desestima e impide, per se, que aquél pueda ser rehabilitado y se reincorpore algún día a la sociedad. Es por lo tanto, y a todas luces, una pena inconstitucional. Además, ¿quién dijo, o mejor, quién puede asegurarnos que la cadena perpetua jalona una derivación disuasiva?

Y bien, 60 años son, de alguna manera, una pena perpetua.

Por último, no se pueden desdecir o echar en saco roto las valiosas consideraciones del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria que tras denominar a la iniciativa como “inviable”, “populista” o de “demagogia punitiva”, advierte que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales”, enredando con nuevos embrollos el ya de por sí frágil sistema penal colombiano y aportándole en mala hora su cuota de atosigamiento al candente problema del hacinamiento carcelario.

Adiós, pues, a esta insensata iniciativa.

¿Tramitomanía? Venga le digo...

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

De la variedad de absurdos que conviven "cómodamente" con los colombianos, uno se destaca por su increíble persistencia en hacernos infelices, a sabiendas de que está ahí, vegetando con placidez en un país que se autoproclama como uno de los más felices del mundo. Me refiero a la tramitomanía. Pero venga le digo. ¿Paradojas? No. Es que, recostados como vivimos los colombianos a la modalidad de enfrentar o revertir las cosas que nos molestan o hacen daño siempre y cuando ello nos signifique el menor esfuerzo posible, ¿pelear?… Uff, ¡qué jartera! Y es por ello que tan campante reina la despótica e insufrible señora.

De tal magnitud es nuestra resignación, que hemos preferido vivir condescendiendo desde tiempos inmemoriales con ese monstruo de mil cabezas que es la tramitomanía, combatiéndola sólo con el inocente ejercicio diario de rezongar entre familiares y amigos -no confrontando a las autoridades-, y despotricando entre dientes -no más allá- contra los burócratas, cuya única misión en la tierra pareciera ser la de aceitar progresiva y meticulosamente las cada vez más numerosas aspas de la tramitomanía, complicando para su "solaz y esparcimiento", o para justificar su salario y su tiempo, hasta la más elemental de las gestiones.

Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación señaló con gran despliegue mediático 180 trámites engorrosos en nuestro país pero, sobre todo, inútiles, provocando con ello una inevitable opinión dual entre los colombianos que nos enteramos de los buenos propósitos de su denuncia: de un lado, "una cierta sonrisa" escéptica, y del otro, una sincera esperanza de que, por fin, el camino hacia la última morada de los tramitólogos y sus tramitologías se había despejado y el miserable final que se merecen, esperaba por ellos. Y es que este aporte investigativo de Planeación perfecciona el reciente descubrimiento que había hecho el gobierno de 2.100 trámites ociosos de los cuales, aunque se ven involucrados 1.043 que están establecidos en la ley, ya la Presidencia de la República ha manifestado su decisión de eliminar los expresamente extravagantes e inhumanos, acogiéndose a la facultades extraordinarias que le dio el Congreso a través del Estatuto Anticorrupción, que le ofrece carta blanca para suprimir o facilitar procedimientos que perturben el buen funcionamiento del Estado.

Según lo difunde Planeación, las más insensatas y engorrosas "vueltas" que debe adelantar el ciudadano común -a los de arriba, usted bien los sabe, les llevan a su casa u oficina todo "debidamente diligenciado, doctor"-, están concentradas "casualmente" en las entidades o empresas cuyo mayor afán no es precisamente el de ofrecer un servicio inmejorable y ágil, sino el de optimizar con rapacidad desenfrenada sus utilidades: las EPS, los bancos, las notarías y el tránsito. Para ellas, el que alguien tenga que atravesar la ciudad para retirar un certificado sin sentido ni utilidad alguna, por el que además le cobran un precio exagerado, no es nada. No saben, o sí lo saben pero les importa un higo, del desgaste sicológico y el deterioro emocional de la gente mientras se ve obligada a hacerle caso a sus malditas traumáticas y estériles ocurrencias. No saben, o sí lo saben pero les importa un pito, de las angustias económicas del ciudadano del común, del significado de su tiempo, de los peligros callejeros que corre el hombre conminado al papeleo haciéndole el esguince a los atracos o los paseos millonarios mientras va a colmar los caprichos del funcionario de turno. En fin, no saben, o sí lo saben pero les importa un bledo, del despojo humano en que muchas veces quedamos convertidos cuando impotentes ante aquellos trámites de nunca acabar, le escuchamos decir al prepotente empleadillo: "vuelva el mes entrante a ver cómo va la cosa…"

En el informe publicado por el Banco Mundial denominado "Doing Business in 2004", en donde se examinan los costos que se causan para desarrollar negocios en más de 130 países, además de denunciarse de forma irrebatible la interrelación existente entre la tramitomanía y la corrupción, y de identificarse la coincidencia entre papeleo y subdesarrollo, se indica, para nuestro sonrojo, que en Colombia para hacer funcionar una empresa se requieren 60 días y 19 procedimientos, 7 más que en cualquier otro país de América Latina y 12 más que en los países desarrollados. Y esta es apenas una de las muchísimas aberraciones a las que nos acostumbraron la tradición y las leyes congresionales de nuestro país.

Como azarosamente ocurre con los mártires del sistema pensional colombiano, que tras una extenuante cola deben demostrarle al señor de la ventanilla que están vivos para que les cancelen su correspondiente bicoca, por fortuna a mí no se me exige anexarle a esta columna ningún Certificado de Supervivencia avalado en esta o aquella Notaría.

Por ello imploro que, aunque sea en paz, los malditos trámites inútiles descansen algún día.