¿Tramitomanía? Venga le digo...

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

De la variedad de absurdos que conviven "cómodamente" con los colombianos, uno se destaca por su increíble persistencia en hacernos infelices, a sabiendas de que está ahí, vegetando con placidez en un país que se autoproclama como uno de los más felices del mundo. Me refiero a la tramitomanía. Pero venga le digo. ¿Paradojas? No. Es que, recostados como vivimos los colombianos a la modalidad de enfrentar o revertir las cosas que nos molestan o hacen daño siempre y cuando ello nos signifique el menor esfuerzo posible, ¿pelear?… Uff, ¡qué jartera! Y es por ello que tan campante reina la despótica e insufrible señora.

De tal magnitud es nuestra resignación, que hemos preferido vivir condescendiendo desde tiempos inmemoriales con ese monstruo de mil cabezas que es la tramitomanía, combatiéndola sólo con el inocente ejercicio diario de rezongar entre familiares y amigos -no confrontando a las autoridades-, y despotricando entre dientes -no más allá- contra los burócratas, cuya única misión en la tierra pareciera ser la de aceitar progresiva y meticulosamente las cada vez más numerosas aspas de la tramitomanía, complicando para su "solaz y esparcimiento", o para justificar su salario y su tiempo, hasta la más elemental de las gestiones.

Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación señaló con gran despliegue mediático 180 trámites engorrosos en nuestro país pero, sobre todo, inútiles, provocando con ello una inevitable opinión dual entre los colombianos que nos enteramos de los buenos propósitos de su denuncia: de un lado, "una cierta sonrisa" escéptica, y del otro, una sincera esperanza de que, por fin, el camino hacia la última morada de los tramitólogos y sus tramitologías se había despejado y el miserable final que se merecen, esperaba por ellos. Y es que este aporte investigativo de Planeación perfecciona el reciente descubrimiento que había hecho el gobierno de 2.100 trámites ociosos de los cuales, aunque se ven involucrados 1.043 que están establecidos en la ley, ya la Presidencia de la República ha manifestado su decisión de eliminar los expresamente extravagantes e inhumanos, acogiéndose a la facultades extraordinarias que le dio el Congreso a través del Estatuto Anticorrupción, que le ofrece carta blanca para suprimir o facilitar procedimientos que perturben el buen funcionamiento del Estado.

Según lo difunde Planeación, las más insensatas y engorrosas "vueltas" que debe adelantar el ciudadano común -a los de arriba, usted bien los sabe, les llevan a su casa u oficina todo "debidamente diligenciado, doctor"-, están concentradas "casualmente" en las entidades o empresas cuyo mayor afán no es precisamente el de ofrecer un servicio inmejorable y ágil, sino el de optimizar con rapacidad desenfrenada sus utilidades: las EPS, los bancos, las notarías y el tránsito. Para ellas, el que alguien tenga que atravesar la ciudad para retirar un certificado sin sentido ni utilidad alguna, por el que además le cobran un precio exagerado, no es nada. No saben, o sí lo saben pero les importa un higo, del desgaste sicológico y el deterioro emocional de la gente mientras se ve obligada a hacerle caso a sus malditas traumáticas y estériles ocurrencias. No saben, o sí lo saben pero les importa un pito, de las angustias económicas del ciudadano del común, del significado de su tiempo, de los peligros callejeros que corre el hombre conminado al papeleo haciéndole el esguince a los atracos o los paseos millonarios mientras va a colmar los caprichos del funcionario de turno. En fin, no saben, o sí lo saben pero les importa un bledo, del despojo humano en que muchas veces quedamos convertidos cuando impotentes ante aquellos trámites de nunca acabar, le escuchamos decir al prepotente empleadillo: "vuelva el mes entrante a ver cómo va la cosa…"

En el informe publicado por el Banco Mundial denominado "Doing Business in 2004", en donde se examinan los costos que se causan para desarrollar negocios en más de 130 países, además de denunciarse de forma irrebatible la interrelación existente entre la tramitomanía y la corrupción, y de identificarse la coincidencia entre papeleo y subdesarrollo, se indica, para nuestro sonrojo, que en Colombia para hacer funcionar una empresa se requieren 60 días y 19 procedimientos, 7 más que en cualquier otro país de América Latina y 12 más que en los países desarrollados. Y esta es apenas una de las muchísimas aberraciones a las que nos acostumbraron la tradición y las leyes congresionales de nuestro país.

Como azarosamente ocurre con los mártires del sistema pensional colombiano, que tras una extenuante cola deben demostrarle al señor de la ventanilla que están vivos para que les cancelen su correspondiente bicoca, por fortuna a mí no se me exige anexarle a esta columna ningún Certificado de Supervivencia avalado en esta o aquella Notaría.

Por ello imploro que, aunque sea en paz, los malditos trámites inútiles descansen algún día.