domingo, 29 de noviembre de 2009

Drogadictos… ¡al Spa!

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Todo indica que a la insaciable aplanadora uribista no la detiene nadie si de reformar la Constitución se trata. Acaba de pasar en séptimo debate y está a punto de aprobarse en el Senado la reforma constitucional sobre consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Es la 29a. reforma de la Constitución en menos de 20 años y, según el historiador Jorge Orlando Melo en su columna de El Tiempo del pasado jueves 26 de noviembre, y a quien le damos la razón, es quizás la más anodina de todas cuantas se han presentado. Y es que el desdén del Presidente Uribe por la Constitución ya hace parte de preocupantes reflexiones en círculos periodísticos y políticos internacionales, la Casa Blanca incluida. Y su caprichosa manía de estarla modificando para su beneficio, o incluso sólo por el prurito de llevarle la contraria al jefe del partido de oposición, está llevándonos a hacer el ridículo a nivel mundial. Tal el caso de este proyecto de acto legislativo que prohíbe el porte y consumo de la dosis mínima de droga, obviando esta vez la sanción penal y resignándose a acatar la aprobación previa de los pacientes. Concesiones hechas sin importar el cambio en la esencia del proyecto, sólo para "honrar la palabra" del otrora candidato presidencial.

Ahora, pues, reformamos nuevamente la Constitución no ya para poner presos a los adictos, sino para ofrecerles tratamientos médicos y clínicas especializadas -incluidas las flamantes de desintoxicación y reposo- que los saquen de aquel infierno de la drogadicción. Y esto, lo queremos hacer aquí, en donde si no hay recursos -aparte de los destinados a la guerra- para la inversión social, menos los habrá para poner a operar tales centros médicos, o para conformar Tribunales éticos, o para nada por mínimo que sea de aquel colosal andamiaje que requeriría la puesta en marcha de semejante utopía. Y, entre tanto, en México, país tan afectado o más que Colombia por este problema del narcotráfico, no hace mucho despenalizaron el porte de pequeñas dosis que la Cámara de Diputados aprobó como "Ley contra el Narcomenudeo" permitiendo a una persona portar dos gramos de opio, 50 miligramos de heroína, cinco gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, 0.015 miligramos de LSD y 40 gramos de metanfetaminas. Y qué decir de Portugal que, "descriminalizándola" en el 2001, abordara con éxito el camino para resolver esta complejidad ética, amén de que ha evidenciado con ello que los castigos no repercuten de modo determinante en el consumo de las drogas.

Naturalmente que no estamos de acuerdo con la represión a la dosis personal y menos aún con la hilarante quimera de su metodología en la aplicación de la ley. Eso de conducir uno a uno, o en grupos, a los miles y miles de consumidores de dosis mínimas -aquellos que son "pillados" cuando escasamente estaban probándola, o quienes la usan eventualmente, o quienes la requieren por algún motivo, o quienes ya son viciosos, o a quien le da la soberana gana no de beberse una botella de alcohol sino de meterse un "pase"-, conducirlos, digo, en confortables vehículos de la policía o el ejercito a flamantes clínicas de rehabilitación tras haber pasado previamente por los majestuosos "Tribunales de Tratamiento" en donde un solícito juez ha dispuesto su breve estadía -¡no reclusión, por Dios!- en un centro médico asistencial, eso sí, "si el joven se acomide a darnos su consentimiento", eso, repito, ¿no es acaso, simplemente, una ocurrencia estrambótica?

De tal forma, debemos preguntarnos que, si como dice el ponente del proyecto, no se trata de sancionar sino de "generar conciencia ciudadana sobre los perjuicios que traen las drogas ilícitas”, siendo esta extravagancia jurídica la fórmula "ideal" para el tratamiento de un "delito", ¿por qué no se amplía el espectro de dicha ley y se incluyen allí para "tratarlos" igual que a los drogadictos, a raponeros y asesinos, secuestradores y violadores y a todos aquellos que de alguna manera quebranten la ley en razón a su igualmente malsano estado mental y emocional? Porque en adelante, aprobada esta ley, la fórmula mágica es sancionar los delitos y trasgresiones con cómodos procedimientos de rehabilitación para lo cual se crearán con los boyantes recursos económicos que tiene el gobierno para la salud y la justicia, "Tribunales éticos" con jueces y médicos especialistas que valorarán la situación de cada infractor determinando la cura que debe recibir.

¿Qué es esto sino bla, bla, bla?: “Pretendemos que la ley establezca medidas de carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico, llegando a acompañar estas medidas con privaciones de libertad en lugares adecuados para ello, sin llegarse a considerar una reclusión en una prisión”

Pienso, entonces, que los Spa bien podrían sustituir a las cárceles cumpliendo así, "divinamente", el cometido de esta nueva excentricidad gubernamental.

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