Los desplazados en Colombia: Sin tierras ni leyes

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

"Los Condenados de la Tierra" llamó Franz Fanon al libro suyo que Sartre con su prólogo convirtiera en un Bestseller mundial y que terminó transformándose en una especie de Biblia anticolonialista del siglo XX. Pues bien, ¿qué hubiera escrito y cómo hubiera llamado Fanon un nuevo libro suyo si hubiese vivido en Colombia y sabido de los 4,9 millones de campesinos desplazados (cifra Codhes para los últimos 25 años) y "desplumados" sin misericordia, y ya no solamente "condenados de la tierra" sino "condenados por la tierra" a manos de un paramilitarismo que se ensañó en nuestra patria con la macabra intención de refundarla para atender los intereses de una derecha política más recalcitrante que cualquiera otra del continente latinoamericano?

Y "Ladrones de tierras" los llamó Javier Darío Restrepo en un turbador artículo suyo aparecido recientemente en El Colombiano de Medellín, mientras pocos días atrás el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al anunciar la radicación en el Congreso de un proyecto de Ley de Tierras que busca la restitución a los campesinos de las posesiones que les fueron arrebatadas por los paramilitares y dadas por ellos a buen recuerdo para su usufructo posterior a terceras personas, enfatizaba en la necesidad de enfilar baterías muy específicamente contra el testaferrato, ciertamente la segunda y actual etapa de aquel brutal proceso de desplazamiento forzado. Y es que, como yo ya lo había afirmado en columna anterior aquí mismo en Semana, ninguna injusticia más repulsiva ha podido sufrir esta Colombia indescifrable que la que ha hecho de los campesinos a través del despojo de sus tierras y la aniquilación de sus hogares, damnificados inermes y sin redención a la vista de la iracundia y la ambición de sectores ultraderechistas de nuestro país.

En el debate convocado por el representante a la Cámara Iván Cepeda y que sirviera para el inicial anuncio gubernamental de un nuevo proyecto de ley que bien podría ser complementario a la ley de reparación de Víctimas, se hicieron graves y muy meticulosas denuncias, una de las cuales tiene que ver con la escandalosa revelación de que de las más de 5 millones de hectáreas usurpadas a sangre, fuego, sudor y lágrimas a los desamparados campesinos, los paramilitares desmovilizados apenas han devuelto 6 mil 600. Igualmente, se habló del censurable y "ridículo" papel del INCODER en todo esto -17 mil hectáreas restituidas y 43 mil compradas- y de sus “adjudicaciones espurias”, de la creación de una jurisdicción especial para la extinción del dominio de bienes y también de la audaz propuesta de “invertir la prueba de la carga” en el interés de demostrar la propiedad real de los predios, según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, significando con ello que no serán las víctimas las obligadas a aportar las pruebas de la propiedad, sino el Estado quien se ocupará de encontrarlas y darles efecto.

En todo caso, el proyecto de ley sugerido por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural que busca la restitución de las tierras, fue finalmente presentado en la Cámara de Representantes el martes 7 de septiembre con destacadas novedades tales como los 4 meses para resolver los reclamos, la creación de Salas Agrarias en los Tribunales Superiores, las penas de hasta 12 años para los testaferros, la instauración por 10 años de una Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas y la solución justa a la cadena de propietarios que obraron de buena fe.

Pero volviendo a la columna de Javier Darío Restrepo, hay que decir que son contundentes sus imputaciones como cuando hablando de las 22.700 hectáreas de Carimagua reservadas a los desplazados, denuncia al ministro "aquel" que "quiso robarles para entregarlas a los ricos empresarios del campo, bajo la convicción de que los empresarios grandes son los que producen y los pequeños nacieron para peones".

¿Cómo no señalar y denunciar también a quienes apoyaron y acompañaron la tragedia del desplazamiento de millones de compatriotas "expropiados" de sus 5.5 millones de hectáreas en una operación gigantesca, sistemática, orquestada por algunas autoridades y sin antecedentes en la historia de Colombia y de Latinoamericana? No hay que olvidar en este punto cómo el expresidente Uribe al acabar con el INCORA, creó el INCODER, sin asignarle dentro de su competencia ninguna función en dirección a velar por los intereses de los millones de desplazados. Fue este el más claro, infame y alarmante mensaje de la "invisibilización del drama del desplazado".

Razón de sobra tiene Pedro Medellín cuando reconociendo la intención de este gobierno en contraposición al anterior de Uribe Vélez, afirma que "en un país que en los últimos ocho años destinó sus esfuerzos institucionales y millones de dólares a la reinserción laboral y social de los victimarios, y no a la reparación de las víctimas, ya es hora de reconocer esta condición."

Pero, en fin, aplaudiendo la intención de restitución de al menos dos millones de hectáreas por parte del gobierno Santos a las familias que, sin tierras ni leyes que les hagan justicia, aún permanecen en medio del dolor y la desesperanza, la pregunta clave sigue siendo: ¿Por qué hasta ahora no se han cumplido las explícitas sentencias de la Corte Constitucional en lo relacionado con los cientos de miles de desplazados en Colombia?