La farsa del voto obligatorio

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com.co

Argumentado como una debilidad democrática la abstención histórica en los comicios electorales colombianos, amén del clamor general por la depuración del sufragio, el senador Rodrigo Villalba Mosquera radicó en el Congreso de la República a mediados del año pasado un proyecto de ley mediante el cual se intenta instituir el voto obligatorio en Colombia. Aunque respetando y entendiendo dichos argumentos, ambos de la mayor valía argumental, nuestra posición contraria a dicha propuesta nos lleva sin demoras ni reservas a intentar refutar la que consideramos una descabellada posibilidad que, de tanto en tanto, en ocasiones electorales o en tiempos de derrotas políticas, ponen a sonar algunos personajes inmersos en diversas ideologías todas ellas de tendencia derechista y en veces fascista, que no saben a qué más echarle mano para garantizar una curul perpetua que les asegure el estupendo negocio que ella por sí sola encierra.

Lo primero que habría que decir frente a esta eventual "gran reforma del sistema electoral colombiano", es que no garantiza que con el voto obligatorio serán derrotados -per se- el hecho de elegir o hacerse elegir con el expreso propósito de montar un negocio personal o familiar, ni nos ofrece blindaje alguno contra los fraudes en los escrutinios, ni le pone una férrea talanquera a las maquinarias clientelistas, ni nos ampara del imperio del dinero, ni le hace un quite a los carteles de los contratistas, ni nos escuda de los empresarios o las empresas mismas escogiendo a quienes legislarán para ellos, ni nos sustrae del preponderante dinero sucio, etc., etc., todo ello, como bien se sabe, en el cuerpo de una llaga putrefacta y aparentemente incurable que por los tiempos de los tiempos viene afectando la transparencia y la legalidad misma de las elecciones.

Quien ahora se empeña en sacar adelante esta inconveniente aventura reformista, no pudiendo ofrecernos argumento distinto que salve el concepto esencial del término democracia, se limita a decirnos que "el voto obligatorio puede convertirse en antídoto eficaz contra estas prácticas corruptas" aunque por fortuna reconoce, eso sí, que "visto en esos términos suena antidemocrático". Sin embargo, parece que aunque asimila y defiende el "derecho ciudadano" al voto obligatorio, no expresa igual sentimiento de lealtad con el derecho a la libre expresión sin ataduras como podría ser la abstención misma. La libertad individual y ese derecho ciudadano que esgrime, si está poseído por un verdadero espíritu democrático, pueden permitirle a quien quiera que sea, elegir o abstenerse de hacerlo. ¿No es acaso la democracia el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada por las autoridades escogidas por el pueblo en elecciones libres? Hasta ahora, al menos, no hemos visto una interpretación de democracia en donde se diga que la escogencia de tales autoridades representativas del querer popular deberá ser hecha tras la votación obligatoria de todos y cada uno de los componentes de la sociedad que elige. Porque es que una elección democrática es aquella que hace la mayoría que ha participado libremente en la escogencia de un candidato, sin pretender que para que la democracia cumpla a cabalidad su cometido, tal candidato deba ser ungido por las mayorías pero tras la participación obligada de todo el mundo en esa elección. Ese "unanimismo" o frenéticas mayorías muy próximas a él, nos recuerdan aquellas derechas recalcitrantes y dictatoriales con nombres históricamente nefastos tales como Hitler, allá, y Uribe Vélez, acá.

Y cuán deleznable puede llegar a ser aquella apreciación de Kelsen cuando nos quiere hacer creer que "el voto obligatorio no coarta la libertad del ciudadano en tanto que sólo lo obliga a participar en la elección, pero no influye en la manera de votar, ni ejerce influencia alguna sobre su voto". Con esta cita traída por el autor de la propuesta, es más lo que se le perjudica que lo que se le ayuda a su argumentación.

Si bien países como Australia, Bélgica y Luxemburgo optaron por el voto obligatorio, también es cierto que Holanda, en 1970, y Austria no hace mucho, lo objetaron. Y aquí en Latinoamérica tan solo Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador lo practican.

Así como el sufragio universal en una democracia lleva implícita la expresión sagrada de la soberanía individual, el derecho de cada quien a no ejercerlo no es menos sagrado o soberano.

Y para oponernos a esta propuesta del voto obligatorio tendríamos entre muchos otros, estos dos últimos argumentos. De un lado, esta obligatoriedad sirve con generosidad a los intereses de los grandes partidos, de los partidos mayoritarios quienes ven cómo el Estado hace el costoso esfuerzo requerido para reunir a los votantes eximiéndoles a ellos de tremendos gastos y desgastes en sus campañas, movilizaciones de electores, trasporte, propaganda de seducción para llevar a sus "clientes" a las mesas de votación, etc. De otro lado, la conminación a toda la población, ejercida por los gobiernos para establecer políticas sociales obligando a sus ciudadanos en asuntos tales como el pago de los impuestos, la educación obligatoria, el servicio militar, y tantas otras prácticas de ineludible compromiso, deberían ser vistas por su importancia como prioritarias frente al simple pero extravagantemente costoso capricho de reunirle a toda la población en edad de sufragar a unos partidos fuertes que verán complacidos el esfuerzo ingenuo que el Estado hace para seguirlos privilegiando.

En fin, vale la pena insistir en que el único acto que puede llamarse obligatorio en esta "revolucionaria reforma" es la asistencia electoral, lo cual sólo sugiere, o incluso se traduce, más que en voto obligatorio, en obligatoria concurrencia al acto electoral.

R.I.P. a la cadena perpetua

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Sorprendente es decir poco frente a la escandalosa frase que soltara por estos días Juan Manuel Corzo, “presidente del Congreso de la República de Colombia” -que con tal prosopopeya sería registrado por la prensa internacional y por medios tan importantes como The Wall Street Journal o Le Monde de Francia- cuando luego de lamentarse porque su salario neto de 16 millones de pesos como presidente del Senado no le alcanzaba -según él y sólo él- para surtir de gasolina a sus dos vehículos asignados, afirmara textualmente: "Prefiero que me paguen la gasolina y no robarle plata al Estado”. Y es que, ¿cómo no ver implícita en esta afirmación una “advertencia” gravísima, una especie de chantaje, y de contera, una eventual incitación e incluso una presunta aprobación a aquellos que por falta de recursos, patrocinios o subsidios, recurren a las criminales mañas de la corrupción para surtirse de lo que necesitan? Si no quieres que te lo robe, regálamelo. O como lo registra Mil en caricatura de El Tiempo: “Prefiero que me regale su dinero a tener que atracarlo.”





  Pero qué decir de lo afirmado irresponsablemente por una dama que se ha entregado en los últimos años a promover severas condenas para aquellos que atenten contra la integridad y la vida de los menores de edad. Gilma Jiménez Gómez, senadora por el Partido Verde, acaba de afirmar que una buena proporción de colombianos “quieren” que violen y maten a los niños cuando afirma que “la inmensa mayoría de este país no quiere que violen ni maten a los niños”. Si la inmensa mayoría no quiere, según ella, una minoría sí lo quisiera. Frase extravagante derivada de una pasión que probablemente lleve implícito su desbordado afán por alcanzar sus metas a como dé lugar, a punta de “atajos” y con el “todo vale” en su cartera, y de paso le amplíe su espectro electoral. La señora Jiménez parece que escogiendo este drama, se hubiera encontrado con el filón electoral que buscaba. Más audaz, quién lo creyera, que cualquier exitoso cacique de provincia. Y no contenta con semejante exabrupto, remata “ofendida”: “A asesinos y violadores de niños les salieron defensores”. ¿Quiénes? Entonces, ¿seremos nosotros, los millones de compatriotas que rechazamos este tipo de condena, los que al oponernos a la cadena perpetua estamos incursos en el delito de torturadores, violadores, exterminadores y asesinos de infantes?

¡Qué vaina con estas frases temerarias!


Gilma Jiménez


Pero veamos qué alega a gritos ella y olvidémonos por un instante de sus íntimos propósitos. Una condena de 60 años, como la que ya existe en Colombia para responsables de delitos atroces, y sin rebajas ni otras blanduras penitenciarias como lo establece la ley, de alguna manera se traduce en cadena perpetua. Ahora, quien no quiera verlo así y promueva una alteración constitucional en donde se advertiría de entrada una seria contradicción con la letra de nuestra Carta y un portazo a los tratados internacionales de derechos humanos, con la inevitable consecuente declaratoria de inexequibilidad que tarde que temprano le llegará, lo que está haciendo no es otra cosa que, para el caso de la senadora Jiménez, amparada en la popularidad de estas propuestas que arrastran una simpatía meramente emocional de la opinión pública, buscar un rédito político cuyo caprichoso costo constitucional y jurídico debería causarle, más temprano que tarde, arrepentimiento y sonrojo.

¿Qué si no fue una engañifa la búsqueda de un proyecto de ley para convocar un referendo que cambiara la Constitución consintiendo la cadena perpetua para los abusadores y asesinos de menores cuyo resultado final, dado lo artificioso y deleznable de su propósito, no fue otro que la inevitable sepultura que el Gobierno y el Congreso de la República se vieron en la urgencia de darle a la precipitada y a un mismo tiempo inútil y costosa iniciativa?

Y es que, además, miremos a ver si es cierto o no que a casi cualquier edad del delincuente que la amerite se encontrará con que en promedio saldría de prisión entre los 80 y los 120 años teniendo en cuenta que la ley ya ha abolido la posibilidad de otorgar rebajas muy particularmente si se trata de tales delitos cometidos contra los menores de edad.

Se ha hablado mucho por estos días al respecto de esta iniciativa con argumentos más sólidos los unos que los otros, pero hay uno entre ellos que, al oponérsele, por su contundencia se destaca como irrefutable y sentencioso. Y es este: La cadena perpetua, al determinar que el delincuente que la “merezca” se mantendrá toda su vida en prisión, desestima e impide, per se, que aquél pueda ser rehabilitado y se reincorpore algún día a la sociedad. Es por lo tanto, y a todas luces, una pena inconstitucional. Además, ¿quién dijo, o mejor, quién puede asegurarnos que la cadena perpetua jalona una derivación disuasiva?

Y bien, 60 años son, de alguna manera, una pena perpetua.

Por último, no se pueden desdecir o echar en saco roto las valiosas consideraciones del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria que tras denominar a la iniciativa como “inviable”, “populista” o de “demagogia punitiva”, advierte que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales”, enredando con nuevos embrollos el ya de por sí frágil sistema penal colombiano y aportándole en mala hora su cuota de atosigamiento al candente problema del hacinamiento carcelario.

Adiós, pues, a esta insensata iniciativa.

¿Tramitomanía? Venga le digo...

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

De la variedad de absurdos que conviven "cómodamente" con los colombianos, uno se destaca por su increíble persistencia en hacernos infelices, a sabiendas de que está ahí, vegetando con placidez en un país que se autoproclama como uno de los más felices del mundo. Me refiero a la tramitomanía. Pero venga le digo. ¿Paradojas? No. Es que, recostados como vivimos los colombianos a la modalidad de enfrentar o revertir las cosas que nos molestan o hacen daño siempre y cuando ello nos signifique el menor esfuerzo posible, ¿pelear?… Uff, ¡qué jartera! Y es por ello que tan campante reina la despótica e insufrible señora.

De tal magnitud es nuestra resignación, que hemos preferido vivir condescendiendo desde tiempos inmemoriales con ese monstruo de mil cabezas que es la tramitomanía, combatiéndola sólo con el inocente ejercicio diario de rezongar entre familiares y amigos -no confrontando a las autoridades-, y despotricando entre dientes -no más allá- contra los burócratas, cuya única misión en la tierra pareciera ser la de aceitar progresiva y meticulosamente las cada vez más numerosas aspas de la tramitomanía, complicando para su "solaz y esparcimiento", o para justificar su salario y su tiempo, hasta la más elemental de las gestiones.

Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación señaló con gran despliegue mediático 180 trámites engorrosos en nuestro país pero, sobre todo, inútiles, provocando con ello una inevitable opinión dual entre los colombianos que nos enteramos de los buenos propósitos de su denuncia: de un lado, "una cierta sonrisa" escéptica, y del otro, una sincera esperanza de que, por fin, el camino hacia la última morada de los tramitólogos y sus tramitologías se había despejado y el miserable final que se merecen, esperaba por ellos. Y es que este aporte investigativo de Planeación perfecciona el reciente descubrimiento que había hecho el gobierno de 2.100 trámites ociosos de los cuales, aunque se ven involucrados 1.043 que están establecidos en la ley, ya la Presidencia de la República ha manifestado su decisión de eliminar los expresamente extravagantes e inhumanos, acogiéndose a la facultades extraordinarias que le dio el Congreso a través del Estatuto Anticorrupción, que le ofrece carta blanca para suprimir o facilitar procedimientos que perturben el buen funcionamiento del Estado.

Según lo difunde Planeación, las más insensatas y engorrosas "vueltas" que debe adelantar el ciudadano común -a los de arriba, usted bien los sabe, les llevan a su casa u oficina todo "debidamente diligenciado, doctor"-, están concentradas "casualmente" en las entidades o empresas cuyo mayor afán no es precisamente el de ofrecer un servicio inmejorable y ágil, sino el de optimizar con rapacidad desenfrenada sus utilidades: las EPS, los bancos, las notarías y el tránsito. Para ellas, el que alguien tenga que atravesar la ciudad para retirar un certificado sin sentido ni utilidad alguna, por el que además le cobran un precio exagerado, no es nada. No saben, o sí lo saben pero les importa un higo, del desgaste sicológico y el deterioro emocional de la gente mientras se ve obligada a hacerle caso a sus malditas traumáticas y estériles ocurrencias. No saben, o sí lo saben pero les importa un pito, de las angustias económicas del ciudadano del común, del significado de su tiempo, de los peligros callejeros que corre el hombre conminado al papeleo haciéndole el esguince a los atracos o los paseos millonarios mientras va a colmar los caprichos del funcionario de turno. En fin, no saben, o sí lo saben pero les importa un bledo, del despojo humano en que muchas veces quedamos convertidos cuando impotentes ante aquellos trámites de nunca acabar, le escuchamos decir al prepotente empleadillo: "vuelva el mes entrante a ver cómo va la cosa…"

En el informe publicado por el Banco Mundial denominado "Doing Business in 2004", en donde se examinan los costos que se causan para desarrollar negocios en más de 130 países, además de denunciarse de forma irrebatible la interrelación existente entre la tramitomanía y la corrupción, y de identificarse la coincidencia entre papeleo y subdesarrollo, se indica, para nuestro sonrojo, que en Colombia para hacer funcionar una empresa se requieren 60 días y 19 procedimientos, 7 más que en cualquier otro país de América Latina y 12 más que en los países desarrollados. Y esta es apenas una de las muchísimas aberraciones a las que nos acostumbraron la tradición y las leyes congresionales de nuestro país.

Como azarosamente ocurre con los mártires del sistema pensional colombiano, que tras una extenuante cola deben demostrarle al señor de la ventanilla que están vivos para que les cancelen su correspondiente bicoca, por fortuna a mí no se me exige anexarle a esta columna ningún Certificado de Supervivencia avalado en esta o aquella Notaría.

Por ello imploro que, aunque sea en paz, los malditos trámites inútiles descansen algún día.

La "Mano Negra", terrorismo de derecha

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

 El señor presidente Santos repitió por estos días lo que todo el mundo sabe desde hace muchos años: la presencia en la sombra de una “Mano Negra” al servicio de la extrema derecha. Sólo un colombiano, aparentemente, desconocía su preexistencia, tradición y perversidades. Se trata del señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien, exhibiendo cierta socarronería, le inquiere al señor Presidente por su existencia al tiempo que le conmina a ¡revelar nombres propios que la representen en el gobierno! Entonces, el señor Presidente Santos, ladino como lo sabemos, de inmediato le "responde" con un galimatías más próximo al foro por el mutis que a cualquier otra cosa.

¡Este es Macondo, Gabo!

Sin embargo, hurgando aspectos relacionados con su origen y avances, de pronto me estrello con definiciones tan necias como la que afirma que, "la mano negra" no es una organización sino una etiqueta, y, en el fondo, en lugar de explicar, sirve cuando no se tiene explicación". O como la perturbadora -por complaciente- del señor Jorge Orlando Melo: "Es un tema que se inventa para atribuir algo a una conspiración, para decir que hay una asociación donde realmente no la hay". Un historiador negando la realidad de la Mano Negra, ¿a quién se le ocurre que vaya a registrar honradamente para la posteridad en sus tratados historiográficos los demenciales crímenes del paramilitarismo colombiano, esa entelequia -diría él- de los filocomunistas, bandidos y terroristas opositores al espléndido gobierno del presidente Uribe?

Una tentativa cronológica de sus raíces y desarrollo bien podría ser esta: en un discurso en la Convención Nacional Liberal de 1961, Alfonso López Michelsen aludió por primera vez a la Mano Negra, frecuentemente fustigada por él durante toda su carrera política. En 1962, Roberto Posada, D'Artagnan, reveló en El Tiempo que Hernán Echavarría Olózaga había afirmado que el nombre de Mano Negra era de la "cosecha" de Julio Mario Santodomingo. Lo cierto es que por aquella época, Carlos Lleras Restrepo hace también alusión a las quejas de López sobre dicha organización y queda más o menos asentado que fueron López Michelsen o su primo Julio Mario Santodomingo quienes la bautizaron como Mano Negra. En 1966, alguien que, junto a Santodomingo y Hernán Echavarría representaba el poder económico y la clase social dominante, Eduardo Zuleta Ángel, niega que él fuera su líder. En 1991, López insiste en un discurso en su alarmante existencia y a finales de ese mismo año la policía le atribuye a una organización que menciona como "la Mano Negra", múltiples crímenes que con apariencia de "limpieza social" se vienen presentando en Santander desde 1989. En el 96, en una publicación de El Tiempo denominada Llano 7 Días, se anuncia la aparición de un grupo bajo la denominación de "Mano Negra" en Granada, Meta. Pero la aclaración final y contundente la viene a dar el mismo expresidente López Michelsen en 2001cuando en el libro de Enrique Santos Calderón, Palabras pendientes, le confiesa a éste: "¿Qué era, por ejemplo, la Mano Negra, que fue inventada contra el MRL? Una asociación de burgueses ricos presididos por Hernán Echavarría, José Gómez Pinzón y Hernán Tovar, que se dedicaba a promover la resistencia contra las ideas de izquierda. Le pedían a los anunciantes la propaganda de nuestras publicaciones y financiaban "feudos podridos" para inclinar en contra nuestra el veredicto de las urnas".

Y es que fue precisamente a raíz del temor que hacia 1960 causaba el MRL y la posible unificación de fuerzas de izquierda, el Partido Comunista incluido, simpatizantes todos de Fidel Castro y la Revolución Cubana, y la posibilidad real de que se hicieran con el poder en algún momento, que un grupo de 25 empresarios e industriales -de acuerdo a la investigación de Juan Villamil en el Espectador-, crearon el Centro de Estudio y Acción Sociales (CEAS) con una directiva formada por Aurelio Correa Arango (director ejecutivo), Jesús María Marulanda (tesorero), Andrés Restrepo, Alberto Samper, José Gómez Pinzón, Gregorio Obregón y Hernán Echavarría. El pretexto y objetivo de la naciente organización, según Norman A. Bailey en su artículo "The Colombian "Black Hand" (The Review of Politics de la Universidad de Notre Dame, 1965), de quien recoge la información Villamil, no era otro que "crear conciencia entre la “gente decente” de los peligros que encarna la izquierda; dirigir una campaña anticomunista y anti-Castro, y otra en favor del libre comercio; actuar directamente contra el comunismo y la izquierda, a través de infiltraciones, presiones mediáticas, listas negras, el apoyo de elementos anticomunistas, y el retiro de pautas publicitarias en los medios cercanos a la izquierda; instar a los empresarios a asumir mayor responsabilidad social (?)."

¡Más claro no canta un gallo!

Y es bueno refrescar la memoria sobre por qué y cuándo en Colombia se empieza a hablar abiertamente de esta estructura delictiva: "En abril de 1961 se publica en la revista La Nueva Prensa un artículo titulado “La mano negra y el dólar”, con fotografías de siete líderes del CEAS, en el que se los acusa de manipular de forma ilícita la fluctuación del dólar para obtener ganancias. Se denuncia también la forzosa desaparición de Semana, y presiones contra Cromos, El Siglo y El Espectador. Es la primera vez que la prensa colombiana utiliza la expresión “mano negra”… "

Y todavía hay quienes preguntan -¿no es cierto, Plinio?- que cuál Mano Negra y que qué es ese infundio. Que si por mucho, un rótulo, una etiqueta…

¿No tendrán, acaso, nada que ver con "los brazos del gran pulpo" de la Mano Negra esas bandas criminales (Bacrim o paramilitares, marbetes distractores porque en últimas son los mismos) que amenazan con su terrorismo de derecha al Estado en medio del apoyo o la simpatía de poderosas fuerzas económicas y políticas y de no pocos miembros de las Fuerza Pública, para quienes la paz no es una opción y la Ley de Víctimas un afrenta?

¿Y no es esta Mano Negra, definitivamente, la encubierta materialización de la macabra sinergia de los potentados extremistas de la derecha política colombiana?

Y lo peor: ¡Cuántos "impolutos" agazapados en ella!

La vejez amenazada

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Con todo y que ya contamos en Colombia con una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, hace poco, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia en contra del Abuso y Maltrato de la Vejez, se denunciaba la vejación y el abuso contra los ancianos como algo cada vez más común en nuestra sociedad y se mencionaban 1781 casos de violencia intrafamiliar física y sicológica contra personas mayores de 60 años ocurridos todos ellos en el 2010, con un incremento respecto del año anterior cercano al 20 por ciento, y con el agravante de que de cada diez casos, cuatro de ellos eran provocados por sus propios hijos.

Gracias a la lectura que he hecho de diversos estudios, he podido deducir que las cinco principales quejas de los viejos -eufemísticamente llamados adultos mayores-, son: la despreocupación social por su salud, el abandono, la escases de centros asistenciales, el desamparo estatal y, con gran énfasis por su impacto emocional, el maltrato familiar. En Cuba, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), los más relevantes victimarios son "sus propios hijos adultos con el 44.4%, los cónyuges 14.6%, pareja actual (afectivo y/o sexual) 9.7%, u otros familiares (nuera, yerno, etc.) 17%... las edades de los hijos/as agresores fluctúan entre 26 y 45 años."

Es necesario resaltar que Colombia está en un proceso de envejecimiento, acorde con una de las previsiones socio-demográficas proyectadas para los próximos años que señala un forzoso e irreversible envejecimiento de la población mundial. Por ejemplo, han venido apareciendo cifras preocupantes como las entregadas por el DANE en donde se advierte que cerca del 10 por ciento de la población de nuestro país sobrepasa los 60 años sugiriéndose la posibilidad de que en el 2050, por cada adolescente, habrá tres mayores, y estimándose que en los próximos 20 años -merced a los adelantos de la ciencia médica que ha ido reduciendo las tasas de mortalidad-, ¡los mayores de 80 años crecerán a un ritmo del 400 por ciento!

Pero sirva este abordaje a un tema de tan señalada importancia global, como lo es el de la vejez, para poner por algún momento el dedo en la llaga de una de las más salvajes injusticias originada por la enferma naturaleza humana contra este particularmente vulnerable sector de la sociedad.

Nadie puede argumentar que desconoce al menos algunos de los innumerables sufrimientos a que el irremediable destino y la implacable naturaleza conducen al hombre cuando este tiene la intrepidez, la obligación o el estoicismo de alcanzar la vejez. A ésta, su última edad, llegan en tropel toda clase de males que van desde la pérdida de control sobre lo económico, hasta su reducción a la impotencia cuando debe someterse sin opción de defensa alguna a los caprichos arbitrarios o las violencias físicas y sicológicas de quienes los rodean. Alguien hacía esta conmovedora lista de lo que con tanta frecuencia ocurre: "Apropiarse de su jubilación, sacarle créditos sin permiso, adueñarse de sus bienes, menospreciarlos, tratarlos como niños, ignorarlos, gritarles, empujarlos y hasta golpearlos y abandonarlos… y (los ancianos) callan por vergüenza o miedo".

Y es que, hay que decirlo ya y levantando la voz, que de bajezas e infamias, ninguna como la que se configura cuando se trata de la violencia física o sicológica ejercida por un hijo contra su padre. Y en este contexto hay una arista brutal cuyo nombre no es otro que el de amenaza -una criminal modalidad de la extorsión-, que el padre agredido debe tomar siempre como un peligro inminente y como la advertencia dolorosa de que el hijo o la hija que la profirió, ya no debería seguir siendo sangre de su misma sangre. El hijo que amenaza a uno de sus padres con cortarle la ayuda económica, con no visitarlo más, o con la depravada y abominable notificación de una demanda judicial, lo hace porque se siente ya habilitado y con la suficiente sangre fría para infligirle a su progenitor cualquier otro tipo de monstruosidad.

A los dos conflictos más sobresalientes en la supervivencia de numerosos hombres y mujeres de la tercera edad, cuales son el abandono y el maltrato, habría que agregársele esta nueva variante, disfrazada ella, impúdicamente, de sólo verbo, "una mera expresión", pero con nombre cierto de artefacto explosivo, amenaza, con lo cual no se está haciendo nada específico, pero se está cumpliendo el objetivo de derrumbar la moral y la tranquilidad del anciano a través del terror que le ocasiona lo que puede llegar a sucederle cuando se concrete.

La vejez, pues, amenazada por todos los flancos, y tantas y tantas veces desde sus propias entrañas.

No recuerdo ahora a quién le oí decir alguna vez que "todo el mundo quisiera vivir largo tiempo, pero nadie querría ser viejo." Y Simone de Beauvoir sentenciaba: "para cada individuo la vejez comporta una degradación que él teme. La actitud más inmediata y simple es negar la vejez porque es sinónimo de enfermedades, dolor, pérdidas de fuerzas, impotencia, fealdad... "

No obstante todo lo anterior, yo jamás negaría la mía. Resignado, me las arreglaré con ella.