Acusan a Uribe y titulan a favor de Santos

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

¿Graves acusaciones a Uribe convertidas en titulares santistas? Veamos. El último informe anual de Human Rights Watch sobre Colombia, contrariamente a lo que ha querido hacernos creer un importante diario, va mucho más allá de un reconocimiento a la administración Santos.

Es cierto que en cuanto a su gobierno refiere que “ha repudiado públicamente las amenazas contra defensores de derechos humanos”, que ha promovido un proyecto de ley de restitución de tierras a desplazados, resarciendo a las víctimas de “abusos cometidos por agentes del estado”, y que ha expresado su respeto a la independencia del Poder Judicial. Pero, evidentemente, el informe ni comienza ni termina allí. Ni esa es su esencia, y menos su mensaje.

Entre muchas otras cosas que avergonzarían a cualquier nación civilizada del planeta y que nos tienen ad portas de ser vistos como país inviable, están estas denuncias de HRW que deberían servirle a la prensa colombiana, no para exaltar nada, sino para efectuar una divulgación ajustada a la verdad que, procesándola colectivamente, nos sirva de catarsis para superar la pavorosa tragedia por la que estamos atravesando.

El Informe Mundial 2011 de HRW sobre Colombia, señala entre otras monstruosidades:

“El gobierno de Álvaro Uribe se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y la vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema.”

“La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos, a un promedio de varios cientos de miles cada año.”

“Los grupos sucesores de los paramilitares ejercen el control territorial de algunas regiones La tolerancia de estos grupos sucesores por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento.”

“En el denominado escándalo de la "parapolítica", se investigó a más de 150 congresistas -la mayoría pertenecientes a la coalición del presidente Uribe-, y al menos 20 han sido condenados. El gobierno de Uribe tomó medidas que podrían haber frustrado las investigaciones, como proferir ataques públicos y a título personal contra miembros de la Corte Suprema.”

“Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo.”

“Las confesiones de los líderes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz sufrieron un retroceso cuando Uribe extraditó a la mayoría de los líderes paramilitares a Estados Unidos para que fueran juzgados por delitos de narcotráfico.”

“En los últimos años se han atribuido al Ejército una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales de civiles, incluida la ejecución de "falsos positivos", término con el cual se alude a los casos en que, ante la presión por demostrar resultados, asesinan civiles y luego informan que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos.”

“El DAS, que depende directamente de la presidencia, durante años ha implementado prácticas como la intervención ilegal y generalizada de teléfonos y mensajes de correo electrónico, así como seguimiento de sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema. Según versiones de ex funcionarios del DAS, esta vigilancia ilegal habría sido ordenada por funcionarios de alto rango del gobierno de Uribe.”

No obstante lo anterior, la edición impresa del pasado 23 de enero del diario referido, en destacado titular de primera página, dice textualmente: “Reconocen esfuerzos del país en tema de DD.HH.”, y su edición digital se alebresta: “HRW reconoce el esfuerzo del gobierno de Juan Manuel Santos en DD.HH.” ¡Por Dios! He aquí un ejemplo de la manipulación por parte de algunos medios, siempre en complicidad con los grandes conglomerados económicos y en ayuda de una institucionalidad erigida por ellos mismos a la medida de sus intereses.

Y en este, como en tantos otros casos, tales adaptaciones de la información han tenido éxito por una sola razón: nos ven y tratan como idiotas. Pero es que ellos saben muy bien, cómo no, que la inmensa mayoría de sus lectores no pasa de los titulares, y que si se ocupan del texto, no hay problema, el titular efectista ya hizo su trabajo.

Desde luego que esta observación no es una simple conjetura, ni una recriminación a la ligera. Acabamos de demostrarlo con la anterior trascripción fiel de algunos apartes del documento que retrata con crudeza la aberrante situación que estamos viviendo. Por ello hay que reconocer mayor honradez en otros medios que publican en concordancia con lo sustancial de la dramática denuncia.

El Comercio de Quito, apunta a su médula: “Colombia, el país con mayores homicidios de sindicalistas”- y Radio Santa Fe lo interpreta con rigor crítico: “HRW condena a Colombia por crimen de sindicalistas y auge de paras y desplazamiento”. En tanto, el periódico de marras saca con pinzas del informe, para titular, unas breves alusiones al gobierno actual, en donde se dice de la “preocupación” del Presidente por estas revelaciones, mencionando algunas políticas suyas que, hay que reconocerlo, encaminadas en la dirección correcta, develan a un mismo tiempo las atrocidades acaecidas durante el régimen uribista del “todo vale”, pero convirtiendo la “preocupación” y algunas acciones del gobierno actual, en la gran conclusión del estudio.

En síntesis, con sus titulares pretendieron trocar las numerosas imputaciones a Uribe, por forzadas alabanzas a Santos.

Y esa no puede ser una interpretación trasparente. Es amañada y tramposa y exhala un cierto tufillo de desconcertante laxitud frente a la catástrofe puntualizada por Human Rights Watch.

Uribe y Merlín, paracos y bacrim

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

“Hoy no hay paramilitarismo”, proclamó enfática y solemnemente al mundo entero en septiembre de 2007 desde la Asamblea General en las Naciones Unidas el presidente Álvaro Uribe.

Y en Washington, el martes 29 de julio de 2008, en un saloncito del National Press Building, ante unos 30 curiosos, José Obdulio Gaviria, su asesor presidencial, dijo textualmente: "Paramilitarismo no existe hoy. No se dejen “engrupir” con los sectores que vienen a echar el cuento de que el paramilitarismo dizque se camufló, que hubo un acuerdo de “yo con yo”, o que fue una fórmula espuria para la impunidad. No, el paramilitarismo se acabó. (...) Esa noche terrible terminó." (?)

Entre tanto, casi 5 años después, ante la feroz arremetida y el aterrador crecimiento de las bacrim, que no son otros que los mismos paramilitares pero en cuerpo y con nombre ajenos, el senador Iván Cepeda le reclama al presidente Juan Manuel Santos por una aclaración sobre “la verdadera situación de las actuales estructuras paramilitares como los Urabeños”, comprometiéndolo para que desentrañe la responsabilidad del gobierno Uribe en aquellas publicitadas y muchas de ellas simuladas desmovilizaciones, y denunciando que estos aparatos criminales se limitaron únicamente a recibir la transmisión de mando del paramilitarismo, en medio de unas fantasiosas “entrega de armas”.

Frente al escandaloso panorama de hoy, cuando vemos incrédulos cómo estas bandas son capaces de atemorizar e inmovilizar a numerosos municipios de nuestra costa Caribe y el Chocó, lo dicho por aquellos, y lo reclamado por este, encaja a la perfección y tiene un sentido de sencilla interpretación y condena histórica todavía en estado de impunidad.

Quienes se empeñan en separar a las bacrim del paramilitarismo, de manera simplista vienen blandiendo la tesis de que se diferencian de estos en cuanto a que su mayor interés está en el narcotráfico. O sea, como lo dijo graciosamente Michael Reed H. en El Colombiano, que están más inclinados al "business" que a otra cosa. “El argumento es falaz”, acota el analista, “porque desconoce los vínculos históricos del paramilitarismo con el narcotráfico y el apogeo del negocio ilícito en el momento de la desmovilización”. Todos sabemos sin equívocos que desde sus orígenes, los paramilitares le añadieron a sus distractores propósitos contrainsurgentes el provechoso interés económico con recaudos generosos provenientes de ganaderos y empresarios, y que con el correr de los días, “descubrieron” que desde las canteras del narcotráfico, la financiación de sus “tropas” y el sin fondo de sus bolsillos se verían maravillosamente bendecidos.

Lo que podría determinarse como el mecanismo para su estabilidad y progreso en tanto que bandas criminales sin escrúpulos ni fronteras morales ni militares, y menos de control a sus actos de violencia, no es otro que la aplicación de un sistema de seguridad que, en oferta permanente, mantiene seducidos por la protección de sus intereses económicos, de un lado, a terratenientes, ganaderos y empresarios, y del otro, a las mafias del narcotráfico, ambos urgidos de tranquilidad y con el prurito de poder trabajar “en paz”, sin peligro para sus negocios, sus vidas y sus bienes. “En estos contextos, nos recuerda el investigador, “la economía y el ejercicio coercitivo de la violencia se reproducen mutuamente y pueden conducir a situaciones de auto-estabilización de un orden o régimen definido por intereses económicos.”

Esto lo practicaron los paramilitares. Esto lo practican las bacrim. ¿Cuál es, entonces, el temor, la falacia o el interés en no reconocer que unos y otros son lo mismo?

“Por estas razones, el ingrediente económico resulta crucial en la producción y reproducción de las estructuras armadas. Los grupos armados que hoy tienen presencia en las zonas de bonanza económica ilícita explotan su capital acumulado en el pasado y recurren a técnicas aprendidas a través de los años. Negar la continuidad de estas estructuras armadas -enfatiza Michael Reed H-, es obstaculizar la comprensión de un fenómeno que crece y se consolida. El pasado da pistas, no las anulemos.”

Pero queremos ser aún más explícitos. Como sabemos, cuando se confiesa la adicción, comienza la cura. Por ello clamamos por que se revele toda la verdad, y al igual que Iván Cepeda, -y de alguna manera también, Alfonso Gómez Méndez, Antonio Caballero, Alfredo Molano, Daniel Coronell y tantos otros-, exigimos indagar por la responsabilidad del régimen uribista, insistiendo en que los colombianos no podemos abstraernos del conocimiento puntual de la génesis de esta barbarie, y en consecuencia, acceder a los nombres y apellidos de aquellos que fueron sus gestores, sus encubridores, sus benefactores, sus secuaces y sus beneficiarios.

“No es cierto, como se le hizo creer al país, que el paramilitarismo había desaparecido gracias a la ley de justicia y paz y a la "encomiable" labor del locuaz siquiatra que ahora anda enredado con la justicia...”, escribe Gómez Méndez, “ha sido un eufemismo llamar "bandas criminales" a grupos que tienen toda la estructura del narco-paramilitarismo.”

Ahora bien, que la Fundación Nuevo Arco Iris sostenga que son 82 bandas el componente de las bacrim, y con presencia en 273 municipios, o que la Defensoría del Pueblo acepte este número pero reduzca a 141 los municipios de su incidencia, y que la Policía los cuantifique en 4.000 mientras otras fuentes en un mínimo de 10.000, de poco sirve. Son los que son, y lo que son, y cada día crecen como espuma. Y ahí están para vergüenza de los incrédulos y pesado fardo de culpabilidad para los que se esfuerzan en negarlos.

Son, pues, estas bacrim, más que bandas emergentes del narcotráfico, más que la mera continuidad del paramilitarismo, o supérstite del mismo, o que el paramilitarismo redivivo, el mismísimo paramilitarismo vivito y coleando del que el expresidente Uribe, ufanándose de su varita mágica y emulando con el mago Merlín, anunciara su defunción por allá en el milagroso año 2007.

Mujeres, entre el asedio y la desidia

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Lo que venimos de conocer ahora a través de distintas investigaciones de ONGs y de Navi Pillay, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su informe sobre la mujer y el conflicto colombiano en 2010 referente a la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas, alcanza, sin equívoco alguno, el contundente calificativo de espeluznante. Probablemente como muchas otras de las crueldades y barbaries ya incrustadas en el alma y en la historia diaria de los colombianos, pero para este caso, con connotaciones extremas ya que comporta una sistemática destrucción del equilibrio emocional y sicológico, y de la integridad moral y física del género femenino, ciertamente el más vulnerable y el menos protegido.

Espeluznante… sí.

"Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2004, hace seis años: me cortaron el cuero cabelludo con una macheta. El ‘Flaco’ vivía en la casa del frente de nosotros. Golpeó puertas, a mi marido le dio disparos y a mí no me quitó el cabello sino que me quitó el cuero cabelludo; me iba a meter viva en un hueco. Yo corrí, me metí en la casa de mi abuela bañada en sangre. Los carros no me querían sacar porque la gente temía. Sólo un señor se arriesgó a sacarme. En el hospital me cogieron cincuenta y pico de puntos y a los tres días me dieron de alta. La Policía de San Onofre me quitó las recetas de los medicamentos. Ellos eran los mismos: eran mandados por ‘Cadena’". (Rincón del Mar, entrevista a mujer adulta, Sucre, noviembre 2010). Testimonio tomado de La Silla Vacía, de entrevista a María Emma Wills, coordinadora del informe “Mujeres y Guerra: víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano”.

Pero, igualmente, veamos este único dato de una investigación que cubre de 2000 a 2010, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh): “… cada hora cerca de nueve mujeres sufrieron agresiones sexuales, y en su mayoría (84%), las víctimas fueron niñas menores de 18 años”, comprobándose en el estudio que los ataques, en un altísimo porcentaje, provinieron del Estado, bien sea por consumación directa, o por condescendencia o apoyo a los actos violentos cometidos por grupos armados ilegales.

En este 2011 se cumplieron cien años desde que se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer… pero la lucha centenaria por sus derechos, definitivamente, al menos en Colombia, parece ir cada día más en reversa y, por ende, en contravía a sus anhelos. Su vulnerabilidad se viene acentuando, y su dependencia y algún grado de esclavitud en determinados ámbitos y regiones, acusan un nivel de desesperanza e impunidad que ni el Estado, ni los gobiernos, ni los legisladores, ni la sociedad machista, han querido enfrentar con rigor. Sufren por doquier las emboscadas a su integridad, y los logros específicos por el respeto a su dignidad, e incluso a su vida, parecen esfumarse mientras usted y yo, amigo lector, tan solo dolidos o indignados, da lo mismo en tanto la amenaza no cese, nos limitamos a escribir o a leer artículos como este.

Según la ONG española Itermón Oxfam, más del 50% de nuestra población son mujeres, algo así como 22.5 millones, padeciendo el 54% de ellas las rudezas de la pobreza o a la indigencia. Supimos que el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló por estos días que en los últimos diez años se presentaron más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres; 4.000 asesinatos y 40.000 asaltos sexuales, y que cerca de medio millón fueron víctimas de violencia sexual en 407 municipios colombianos a manos de la Fuerza Pública, el paramilitarismo y demás actores armados de la guerra que estamos viviendo.

Y es que no nos queda más que repetir aquí, ejerciendo, eso sí, nuestra sagrada obligación de servir de altavoces de las injusticias y las atrocidades, cifras, estadísticas y resultados de los estudios a los que tuvimos acceso recientemente. Por ejemplo, entre 2001 y 2009, según la misma ONG española, cada seis horas una mujer colombiana fue abusada y un promedio diario de 245 fueron víctimas de algún tipo de violencia.

Pero es que, además, la prensa viene machacando a diario estos resultados investigativos que hacen que los columnistas nos sintamos exigidos a verterlos sobre nuestros limitados espacios críticos. Los que nos ocupan ahora, en particular, puntualizando una de las más feroces y sangrantes realidades de la “Colombia es pasión”, o la de la “Seguridad democrática”, o la del “todo vale”: Acción Social tiene registradas más de 1.950.000 desplazadas en el país: el 30 por ciento salió de sus hogares por violencia sexual y el 25 por ciento volvió a sufrir abuso en los lugares de refugio. Y en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los más de 57 mil crímenes admitidos por los paramilitares solo 86 son de violencia sexual, pese a que hay 727 denuncias. Y lo inaudito: hasta hace pocos días se concretó la primera condena a tres paramilitares del “refundador y patriótico” bloque Vencedores de Arauca.

En conclusión, la crudeza histórica colombiana ha convertido a nuestras mujeres en simples trofeos de guerra. Lo que este vergonzoso drama tiene por más condenable es la forma en que el conflicto las ha venido trasformando en carne de cañón y botín de guerra, “honor” del asaltante y posesión material de “bienes” del enemigo. Los perros de presa del paramilitarismo, por ejemplo, encontraron en la mujer el instrumento para la vindicta y el desahogo perfecto para sus apetitos salvajes de sangre y sexo.

Cientos de miles de mujeres colombianas viven hoy la fatalidad del terror, el desplazamiento, el despojo, el desarraigo, las laceraciones, la indigencia, las violaciones, la esclavitud, el olvido, la impunidad y la muerte.

¡Movilicémonos también por ellas!


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Desigualdad y felicidad a la colombiana

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Una forma simple de desenmascarar la posición política de extrema derecha, dogmática y retrógrada de alguien, o mejor, digámoslo de una vez, de desentrañar su liviandad de principios morales y el abuso que hace de su fe religiosa o de sus privilegios económicos y de clase, es ver de qué manera juzga las causas de la desigualdad social y las expresiones populares que tienden a encontrar soluciones a esa discriminación a través de la protesta u otras formas de lucha reivindicatoria.

Basta observar con detenimiento y objetividad el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2011, divulgado en los primeros días de noviembre de este año por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para darnos cuenta de la espantosa iniquidad y la apocalíptica injusticia por la cual hacen su tránsito vital hombres y mujeres, niños y ancianos de todas las latitudes del mundo incluyendo, quién lo creyera, vastos sectores de la población estadounidense y europea. Pero como nuestra preocupación mayor está anclada aquí y ahora en nuestra disparatada Colombia, sumerjámonos por un momento en algunos de los escenarios que nos llevaron a ocupar el deshonroso tercer lugar entre 129 países del planeta, superando tan sólo a dos naciones dramáticamente atrasadas como lo son Haití y Angola.

Dato escalofriante y denuncia vergonzosa que da la sensación de que el gobierno y numerosos actores del poder político y la economía preferirían engavetar.

El informe es preciso y contundente. No da para las interpretaciones soslayadas e impúdicas con que el verbo desfachatado de los causantes del acelerado deterioro social quieren explicarlo, buscando con ello el modo de preservar sus privilegios, sin importar que ese estado de cosas se mantenga o agrave. Y las señales de preocupación que nos envían son estas: el Estado y el gobierno están haciendo todo lo posible para que, dentro del marco de la democracia y las instituciones, y en el ejercicio de los deberes patrióticos que la Constitución y la ley establecen, dicha realidad cambie. De tal manera que creamos que los señores que tiene las riendas del poder político y el imperio económico están haciendo todo lo posible por alcanzar un equilibrio que albergue satisfactoriamente las aspiraciones del conjunto de la sociedad.

¡Todo es cuestión de paciencia, señores!

Para incursionar brevemente en este tema, quizás el de mayor calado en lo que tiene que ver con el desarrollo y la sobrevivencia de los seres humanos, debemos aceptar que el meollo de esta crisis está centrado en la distribución del ingreso, la riqueza y el consumo, estudiado por las Naciones Unidas mediante una medición llamada “Coeficiente Gini de ingresos”. Allí se demuestra, palmariamente, cómo la humanidad está dividida irremediablemente entre vivos y bobos.

Es de anotar que los factores con mayor frecuencia esgrimidos para explicar nuestra desigualdad social, son algunos de ellos azarosamente acomodaticios, simplistas y hasta perversos: la procreación desmedida e irresponsable de los humildes, el atraso histórico de ciertos grupos étnicos, la crianza y educación dada a los hijos por sus padres, la “pereza” intrínseca en la gente del “pueblo” que no les permite asumir posiciones correctas ni acciones o decisiones que les pueda ayudar a salir del atolladero, y en fin, sin ir más al fondo respecto de la desigualdad de oportunidades, punto esencial, a veces se refieren a la población migrante como causante de su propio desequilibrio, no importa que haya sido llevada a esa condición por componentes de abandono estatal, violencia, desarraigo y despojo.

Y si alguna consecuencia funesta le está trayendo a Colombia esta tremenda desigualdad social reseñada por el organismo internacional, boomerang sepulturero ella misma para los poderosos de la economía nacional y la alegre comparsa de los políticos corruptos y los gobiernos ineptos, o peligrosamente arbitrarios y delirantes como el de Uribe, es en sí mismo el conflicto armado colombiano ahora propenso a devenir en una inimaginable guerra civil.

Permítaseme reproducir unas pocas estadísticas que le dan fuerza y sentido a mi consternación:

Los ricos en Colombia vienen haciéndose al 6 por ciento del ingreso nacional, en tanto que las mayorías captan el 3 por ciento.

El 0,06 por ciento de los propietarios rurales, que tienen más de 2.000 hectáreas cada uno, poseen el 53,5 por ciento de la tierra, en contraste con el 83 por ciento, que tienen predios de menos de 15 hectáreas y son dueños del 7,2 por ciento. Con razón, el vocero de la ONG inglesa, Oxfam Asier, Hernando Malax, acaba de afirmar: “Colombia es uno de los países del mundo con más desigualdad en el acceso a la tierra, hay pocos países del mundo que sean más desiguales que Colombia, y esto lleva a situaciones enormes de pobreza rural, contribuye al conflicto y limita el desarrollo que se pueda llevar a cabo”.

Mientras el sueldo de un congresista ronda los 21 millones de pesos, el salario para un trabajador es de 535.500 pesos.

Pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) y el Gasto Público se multiplicaron por dos en los últimos veinte años, la pobreza extrema apenas se redujo en 2 por ciento y la desigualdad está intacta.

El 10 por ciento más rico de la población se embolsilla la mitad del PIB y el 10 por ciento más pobre apenas alcanza a rozar el 0,6 por ciento del mismo.

¿Por ello será que cada vez se repite más aquello de que entretanto “el capitalismo privatiza las ganancias, socializa las pérdidas?

Y, vaya cinismo: “Somos el país más feliz del mundo”, ordenaron que repicaran algunos de los dueños del 6 por ciento del ingreso nacional a sus todopoderosos voceros, mientras el 17% de nuestros compatriotas vive de milagro, o más exactamente, 20,5 millones de colombianos son pobres y 7,9 millones, indigentes.

Pero, entonces, así, ¿cómo es eso de que somos una Colombia feliz?

Aborto: lo criminal está en su prohibición

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

En lo tocante al aborto sólo tienen peso conceptual dos posiciones explícitas: la de aquellos que lo califican de crimen y la de quienes consideramos que el crimen se incuba precisamente en su prohibición. No hay, pues, en lo referente a este tema, manera alguna de refugiarse en aquel famoso simplismo de intermediación o conciliación que invocamos como “más o menos”. O se está con él, o se está contra él.

El proyecto de reforma constitucional -llevado al Congreso por el partido conservador y por la extrema derecha, su aliada representada por los uribistas del partido de la U- que penalizaría el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, al modificar el artículo 11 de la Carta Política desequilibra escandalosa y perversamente el rigor de una justicia equitativa cuando lo extiende a todas las circunstancias que llevarían a considerarlo, concitando una aberrante ocasional “pena de muerte” en detrimento de las madres, lo cual para sus defensores no es grave, como sí lo sería, según ellos, cuando afecta la gestación, es decir, lo “contingente”. No hay sindéresis en ello, y punto.

De hecho, lo que se proponía desde la Comisión Primera del senado -en buena hora sepultado -, no era otra cosa que “tumbar” la sentencia 355 del 2006 de la Corte Constitucional que consiente su práctica en casos de violación, malformaciones genéticas o cuando la salud o la vida de la madre corran graves riesgos. Eso, evidentemente, poco les importa.

El proyecto de acto legislativo 06 en nada favorecía a la salud pública, la medicina, la ciencia, el derecho y la ética, y muy por el contrario, esta improvisada arremetida retardataria dirigía sus absurdas intenciones, mientras abusaba del justo espíritu constitucional defendido con valor por la Corte Constitucional, al bajo mundo del aprovechamiento político y electoral, con consecuencias tan perturbadoras como primitivas y contrarias a los avances de la civilización y los logros científicos de la humanidad, al pretender la negación a necesidades tales como los métodos acreditados de anticoncepción, o la fertilización in vitro o, en fin, la investigación en células madre y la misma eutanasia.

Mucha tinta se ha derramado desde cuando nuestro país se asomó tímidamente al tema del aborto como una exigencia para el mejoramiento de la salud pública de los colombianos. Los diferentes sectores activos de nuestra sociedad a través de instituciones jurídicas, organizaciones religiosas, ONGs, la academia, columnistas de medios y destacadas personalidades, no han desaprovechado oportunidad para volcar con evidente énfasis sus propios puntos de vista. De todo se ha dicho con razón o sin ella. Pero he aquí un ejemplo de interpretación acertada tomado de un editorial del diario El Tiempo:

“La sentencia C-355 -del 10 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional- no es una carta blanca para abortar, como lo pintan sus críticos. Al contrario, limita la traumática opción a tres situaciones extremas para las mujeres. Y, aun dentro de esos límites, los distintos actores estatales, del sistema de salud y de la justicia ignoran el sufrimiento femenino y desdeñan los derechos de la mujer. La reforma constitucional de los conservadores subordina el déficit de los derechos reproductivos a los principios absolutos de su fe religiosa. Prefiere que el Estado adopte un credo a que cumpla los fallos de sus altas cortes.”

Y ya lo había dicho yo en esta misma columna de Semana el 25 de abril de 2006, en un artículo que denominé “El aborto: ¿una vida por otra?”:

“Los primeros, como casi único argumento, invocan a Dios y la moral religiosa, es decir, argumentaciones subjetivas. Los segundos, con objetividad, reclaman lo objetivo: primero la existencia y lo que ya es de este mundo. Los enemigos del aborto parecieran querer hacer prevalecer lo que puede llegar a ser, por sobre lo que ya es, una vida humana en pleno ejercicio de su existencia. Lo latente por sobre lo existente. Y aunque ponen el grito en el cielo llamando a las madres que abortan asesinas de sus hijos, no creo que quienes estamos de parte del aborto llegáramos a llamar a sus hijos inconvenientes en gestación, asesinos de su propia madre. ¡Que sea la madre a quien se deba inmolar en aras de una vida eventual¡ Antes que sacrificar lo gestado, hay que matar a quien lo gesta. En este país prima por sobre la vida de la madre, el periodo gestacional de un feto”.

El anuncio de que el Partido Conservador echará mano de un referendo como herramienta constitucional para hacer posible la penalización del aborto, parece ser una de las últimas patadas de ahogado con que se nos notifica este jurásico exabrupto.

Una consulta popular requiere ante todo una premisa con fundamento, proporcionada y sensata. Pueda ser que la ciudadanía así lo entienda y eche por la borda lo que sólo será un desgaste inútil para la democracia y un despilfarro económico inexcusable.

Y por último, para vigorizar la embestida conservadora, salta de pronto como un salvavidas estertóreo el denominado plan B que, liderado por el señor Procurador Alejandro Ordóñez, pone a consideración del Congreso un proyecto de ley que apunta a regular la objeción de conciencia pretendiendo con ello hacerle el esguince a lo establecido por la Corte. Pero desmedidos en sus apetencias, los conservadores buscan con un habilidoso añadido la ampliación de su cobertura a las instituciones privadas, a sabiendas de que lo formulado por el Procurador y su “añadido” sólo tiene cabida para las personas naturales y no para las instituciones. "Eso es intentar llevar las convicciones religiosas personales al plano del Estado, para obtener propósitos de tipo confesional”, declaró recientemente el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán.

¿Qué destino próspero y moderno podría alcanzar un país que, mientras ve pasar el avance de la medicina, la ciencia y la tecnología por el resto del mundo, se empeña en mantener estancado el propio desarrollo de su civilización, y por añadidura, tendido somnoliento sobre el regazo del statu quo, cuando no en la más condenable regresión?