sábado, 7 de abril de 2012

Y a los defensores, ¿quién podrá defenderlos?

Por Germán Uribe


Con frecuencia se repite este llamado de parte de asociaciones dedicadas a obras benéficas: “Ayúdanos a ayudarte”. Pues ahora, ante la arremetida de los violentos contra todo aquel que lucha por los valores de la vida y que la tenebrosa dialéctica uribista ha dado en denominar "aliados del terrorismo", el llamado desborda y trasciende la mera caridad. "Defendamos a quienes nos defienden", tal debe ser la consigna en estos tiempos cruciales de nuestra historia. O, porqué no, "movilicémonos también por ellos".




Porque es que voces tan calificadas como la de la Relatora Especial para defensores de derechos humanos de la ONU, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, y la de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia -OACNUDH-, claman ante la sociedad, el gobierno y el Estado por la protección de aquellos que con pasión y coraje se han entregado a velar porque los derechos humanos en Colombia sean respetados, corriendo por ese solo hecho de invocación a la elemental justicia, toda clase de peligros que van desde la persecución sin piedad hasta su propia muerte.


El reciente caso del abogado José Humberto Torres, miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos desde hace cerca de 30 años y uno de los más decididos y valerosos denunciantes de las violaciones a los derechos humanos -ya recurrentes en nuestro país-, es a todas luces preocupante. Se ha tenido la certeza de que tanto 'Los Rastrojos', como algunos paramilitares y ciertos señalados parapolíticos recluidos en cárceles, vienen ofreciendo la suma de 200 millones de pesos a quien lo asesine. Y no es un ofrecimiento caprichoso. La razón de su condena de muerte, óigase bien, no es otra que el haber defendido el derecho a la vida de numerosos personas perseguidas y sacrificadas, tras contribuir osadamente en la denuncia y posterior condena de siniestros personajes tales como Carlos Castaño, Jorge Noguera, Juancho Dique, Don Antonio, Jorge 40 y Salvatore Mancuso.


Y vaya paradoja, el doctor Torres tiene 'asiento' en la Mesa Nacional de Garantías creada por el Estado y la sociedad civil en busca de seguridad para aquellos que ejercen la defensa de lo derechos humanos, lo que significa que estarían “velando” por su integridad física aquellos que la conforman que son nada menos -entre otros-, los Ministros del Interior y de Justicia, el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, el Director General de la Policía Nacional, el Procurador General, el Fiscal General de la Nación, etc. Falta saber que hará la recién creada Unidad Nacional de Protección frente a este desangre de hombres y mujeres que con vocación casi suicida se han entregado a la defensa del derecho que tienen ellos a salvaguardar el derecho que tienen los demás a que se respete la vida de todos.


"Defendamos a los Defensores", clamaba no hace mucho El Tiempo en uno de sus editoriales mientras revelaba cifras escalofriantes provenientes tanto de la Comisión Colombiana de Juristas como de la Corporación Arco Iris: ¡Cada 36 horas es agredido un defensor de los derechos humanos en Colombia y cada ocho días muere asesinado uno de ellos, y en el 2011, 55 fueron asesinados o desaparecidos!


Si no nos ocupamos de quienes se ocupan de nosotros, si la sociedad y los gobiernos de turno no hacen consciencia y actúan en consecuencia por velar tanto por los derechos humanos como, y muy en particular, por quienes lo dan todo para su salvaguarda, si permitimos que la persecución delirante desatada durante el régimen uribista no ceda y cese, cada uno de nosotros podrá esperar la suerte que se vislumbraba en aquel premonitorio poema de Martin Niemöller atribuido equivocadamente tantas veces a Bertolt Brecht:


Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.


Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.


Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.


Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.


Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada.


Este clamor, lo sé bien, no es más que el aporte de un grano de arena en el mar de responsabilidades apremiantes que deberíamos asumir reclamando el derecho a la vida de quienes sacrifican la suya mientras protegen la nuestra.


Y es que la pregunta obligada y puntual en estos ciertamente dramáticos momentos, tendría que ser esta: Y a los defensores de los derechos humanos, ¿quién los defiende?






Finca Alekos, Subachoque
guribe3@gmail.com

domingo, 25 de marzo de 2012

Mi biblioteca por una sonrisa

Por Germán Uribe

Hace mucho tiempo decidí para mis libros un destino que me redimiera del egoísmo, liberándome a un mismo tiempo de la mezquina ostentación implícita en la exclusividad de su posesión. Aquellos volúmenes, al pertenecerme e ir creciendo en cantidad, me conferían una condición de privilegio y codicia, mientras percibía, de este modo, que al negar a los otros el derecho que yo me arrogaba, me convertía en aquel pequeño burgués cuyo discurrir vital oscila entre el buen vivir y el acaparamiento de lujos y prebendas. Cada mañana me sentía, pues, urgido a escapar de la mala conciencia que ello me provocaba.

Los libros que venía acumulando desde mi remota infancia no podían quedarse eternamente inmóviles, petrificados en el sacro recinto personal e íntimo que había dispuesto para ellos. Entonces, al no haberlos considerado nunca como “propiedad privada”, “acumulación de riqueza” “ahorro” o “negocio”, tal un acopio de valiosas mercancías, sabía que su inexorable futuro no era otro que el de constituirse en bienes públicos con funciones de servicio social, o en actores de cambio para el progreso cultural no sólo mío sino de la comunidad en general.

A contracorriente de una idea común muy arraigada, siempre sostuve la tesis de que los libros, la cultura y las creaciones literarias y artísticas, en una sociedad justa, debían rebasar la categoría de producción individual con valores y fines comerciales. Son, y a ello me atengo ahora, bienes sociales que deben concernirnos a todos. Y al Estado, en tal caso, cabe la obligación de velar por la financiación de un status digno para los trabajadores de la cultura, creadores y artistas en sus múltiples campos sufragando, igualmente, todo lo material de sus obras, difundiéndolas y acercándolas, sin costo alguno, al gran público.

De tal suerte que, durante estos tantos años vividos, mientras enriquecía mi biblioteca, daba por un hecho que no me pertenecía.

Entendía que esos más de 5 mil libros que la conformaban, convirtiéndola en ese “mundo atrapado en un espejo” al decir de Sartre, era de por sí un enorme testimonio sin el cual la memoria del hombre estaría perdida, y un maravilloso compendio de letras e ilustraciones con que el destino y la perseverancia me habían favorecido para que, dada la hora, esta misma hora de hoy, hiciera lo que tenía que hacer: regresarla a sus verdaderos dueños, el pueblo, cuyos escasos recursos económicos los ha llevado a privarse durante tanto tiempo del sagrado derecho a disfrutar de los libros, en libertad y de manera gratuita.

Al asumir las gentes la calidad de depositarios y afortunados usuarios de esta biblioteca, con certeza sé que les llegó el momento de que el más expedito medio transmisor de la educación, la cultura, la información, la investigación y el esparcimiento, en adelante, ya no les será oneroso, ajeno, ni remoto.

La ciencia y la cultura universal, y la memoria histórica, están en camino a instalarse, para su comodidad y con justicia, a la vuelta de la esquina de las casas de estos hombres y mujeres, niños y ancianos que colman el sector más poblado de Ibagué.

Durante los últimos 15 años me esforcé porque alguno de sus sucesivos alcaldes tuviera la audacia, o al menos la cortesía, de recibirme en donación esta biblioteca. Pasaron los años sin que pasara nada, por lo que, en determinado momento, me vi precisado a enviarle encumbrados padrinos al menos a uno de ellos, para que, sin dilaciones, le diera vida y forma a mi propuesta. Increíblemente, el silencio continuaba enseñándome el rostro de la indolencia y el desinterés. Incluso otro “mejor alcalde”, recientemente, supongo que esquivas en él la sensibilidad y la inteligencia, casi consigue dar al traste con este proyecto al querer medir lo que aún me quedaba de terquedad y paciencia. Sólo ahora, el actual burgomaestre ibaguereño, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, sabiendo de la trascendencia y utilidad que representaba el aceptar el ofrecimiento con la consecuente creación de un nuevo polo de crecimiento cultural en la ciudad, actuó en consecuencia.

Nacido en Armenia decidí, no obstante, hacer esta donación a Ibagué, porque fue ella, la Capital Musical de Colombia, la que me acogiera con magnanimidad y calidez desde mi más temprana edad, la que me brindara el privilegio de adelantar mi bachillerato en ese espléndido e histórico colegio de San Simón, y la que también me inspirara y animara en los inicios de mi vocación de escritor y periodista, amén del frenético rumbo de bibliómano incontinente que, gracias a ella, se me avivara desde entonces allí.

Así, pues, le devuelvo a Ibagué, con inmensa gratitud, una pequeña parte de lo que Ibagué me dio e hizo por mí.

Y en cuanto a la ubicación definida para esta biblioteca, escuchando las bien fundamentadas argumentaciones de mi viejo amigo Gonzalo Reyes y las de la dinámica Coordinadora del Centro Integral Comunitario, Diana Hoyos, advertí del enorme beneficio que podía prestarle a los más de 100 mil pobladores de los numerosos barrios de la Comuna 8, concluyendo finalmente que mi largo y acariciado sueño de hacer de todos lo que ciertamente no debía ser sólo mío, podría cristalizarse allí en una fascinante realidad.

En esta nueva Biblioteca Pública de la capital del Tolima reposarán en adelante los libros que durante toda una vida leí, conservé, amé, y me hicieron feliz.

Un nuevo paso en dirección al ascenso cultural, un aporte por pequeño que sea a su nivel educativo pero, esencialmente, la alegre paz espiritual de un anciano con uno de mis libros abierto entre sus manos, o la sonrisa de un niño de la Comuna 8 que simplemente los hojea sabiendo ahora que esos libros son suyos, le darán gratificante y fecundo sentido y razón de ser a este legado.

Y a mi existencia, por supuesto.


Finca Alekos, Subachoque
guribe3@gmail.com

sábado, 10 de marzo de 2012

Entre lo audaz y lo grotesco

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com
De entrada, el prejuicioso puede caer en la trampa pensando que quien tanto critica el “mal gobierno”, aunque con mayor reciedumbre al anterior, ahora entra en la danza de las zalemas celebrando logros de la administración Santos, por lo que, quizás, querrán cobrármela ajustándome el epíteto de “santista”. Pues no. “No me crean tan pendejo”, porque lo que es este aguacero de despropósitos suyos, esos sí imperdonables y con tendencia a adquirir características de “maldita Niña”, tales como que en el nombre de los colombianos “le pido perdón a Belisario”, y por añadidura, que nos perdonen los militares -al pueblo y a las víctimas- por la sangrienta y criminal retoma del Palacio de Justicia, aquella en la que se esculpió para la Historia la muy “patriótica” frase de “Aquí salvando la democracia, maestro”, sólo podrían despertar la aprobación de una extrema derecha como la que representan Uribe y su equipo SWAT de obcecados perseguidores de “opositores terroristas”.

He ahí lo grotesco.

Sin embargo, en aras de la objetividad, vamos al grano. En un país como el nuestro, en donde un altísimo porcentaje de las noticias que inciden directamente en la inmensa mayoría de la población son malas -las buenas, como el crecimiento económico, lo son para el 6 por ciento-, para poder seguir viviendo en la fantasía de ser los más felices del mundo, se hace menester indagar por los pocos anuncios positivos, aferrándonos a ellos para no perder, ni la esperanza de vivir días mejores, ni la costumbre al goce y la dicha cotidiana que nos achacan.

Dos hechos, entonces, muy concretos ellos, ocupan ostensiblemente este lado bueno del discurrir noticioso. Ambos, por fortuna, nos abren las puertas del optimismo y nos conducen al reconocimiento y el aplauso obligado. De una parte, la educación gratuita en los colegios públicos y, de otra, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

He aquí lo audaz.

Referente a la primera, siempre habíamos imaginado que tamaña afirmación de la justicia, de la observancia de la Constitución y del acatamiento del derecho de la gente a una educación gratuita y de calidad, era simplemente una utopía, pero que de llegar a alcanzarse algún día, sería inevitablemente bajo un Estado Socialista. Pero no, vaya, sorpresa. ¿Quién iba a sospechar que asistiríamos en vida a la gratuidad educativa de la juventud colombiana desde los grados cero a once? Personalmente, a tal avance le había decretado ya la “extinción de dominio” en el universo de mis sueños.

Tanto la Corte Constitucional, como el Gobierno actual, hicieron el milagro y han echado a andar esta formidable iniciativa que beneficiará a cerca de 9 millones de chiquillos y adolescentes de todos los colegios públicos quienes, a partir de este año, tienen acceso a sus matrículas, textos, pensiones y diversos útiles escolares de manera totalmente gratuita. Para su financiamiento, se ha dispuesto un poco más de medio billón de pesos, suficientes según estudios serios para cubrir el ambicioso programa. Así, pues, la población de escasos recursos podrá asistir a sus planteles educativos ¡sin aportar un solo peso! Y pese a que algunos avivatos, diestros trasgresores de cualquier norma de la que le puedan sacar provecho vienen haciendo su agosto con cobros tales como “aportes voluntarios”, bonos, inscripciones a tal o cual actividad recreativa -lo que ya se ha comenzado a corregir con severidad-, el revolucionario sistema de educación gratuita es ya una realidad en nuestro país.

Ahora bien, la otra noticia, que aunque también obedece a la obligatoriedad gubernamental de aplicar la Constitución y velar por el cumplimiento de una justicia social eficaz, no deja por ello de ser francamente revolucionaria. Se trata de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Cuánto “caramelo” y qué forma de menospreciar, desnaturalizar o denigrar la que se vio durante el nefasto régimen uribista del sagrado derecho de aquellos cientos de miles de compatriotas que, desamparados, venían clamando por la garantía a sus derechos y el respeto y amparo de sus vidas y bienes en medio de asesinatos, persecuciones y desplazamientos atroces.

Puesta en marcha por el gobierno Santos y liderada con devoción y tesón por el ministro Juan Camilo Restrepo, ya viene dando unos resultados que hacen vislumbrar lo que podría llegar a ser la mejor aproximación al inicio de una urgida reforma agraria, sin la cual el país jamás podrá encausarse por las vías del desarrollo pleno y de una cumplida igualdad social.

La Ley 1448 de junio10 de 2011 afectará sensiblemente, por sí misma, la geopolítica colombiana, allanará el camino para el apaciguamiento del conflicto social, reactivará el campo y, de contera, producirá un fuerte y valioso impacto sobre la sicología de la población rural.

Y un punto clave de las bondades e innovaciones de esta osada “empresa” es el concerniente a la inversión de la carga de la prueba. A la injusticia que pesaba sobre los hombros de las víctimas reclamantes en cuanto a la carga de la prueba, se la pone ahora patas arriba lográndose la equidad con la nueva modalidad que obliga al Estado, no sólo a aceptar la presunción de un eventual despojo, sino a ayudar a conseguirla y allegarla a los procesos.

Todo parece indicar que ya no habrá reversa en la ejecución de la Ley y la restitución de tierras a los campesinos despojados. Naturalmente que a su aplicación le espera un camino escabroso. Sus enemigos embisten. Enrique Santos Calderón los enumeró bien: “gamonales, latifundistas, narcos, paras, políticos corruptos, godos feudales, empresarios salvajes y el uribismo más recalcitrante.”


Finalmente, vuelvo a lo mío. Por antonomasia, se le asigna al columnista el implacable papel de crítico, destructor y negativo. El obsequioso se sume en la bruma de la mediocridad. Eso dicen. Pues ni crítico de oficio, ni adulador de ocasión, con este reconocimiento simplemente honro la verdad.

sábado, 25 de febrero de 2012

Acusan a Uribe y titulan a favor de Santos

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

¿Graves acusaciones a Uribe convertidas en titulares santistas? Veamos. El último informe anual de Human Rights Watch sobre Colombia, contrariamente a lo que ha querido hacernos creer un importante diario, va mucho más allá de un reconocimiento a la administración Santos.

Es cierto que en cuanto a su gobierno refiere que “ha repudiado públicamente las amenazas contra defensores de derechos humanos”, que ha promovido un proyecto de ley de restitución de tierras a desplazados, resarciendo a las víctimas de “abusos cometidos por agentes del estado”, y que ha expresado su respeto a la independencia del Poder Judicial. Pero, evidentemente, el informe ni comienza ni termina allí. Ni esa es su esencia, y menos su mensaje.

Entre muchas otras cosas que avergonzarían a cualquier nación civilizada del planeta y que nos tienen ad portas de ser vistos como país inviable, están estas denuncias de HRW que deberían servirle a la prensa colombiana, no para exaltar nada, sino para efectuar una divulgación ajustada a la verdad que, procesándola colectivamente, nos sirva de catarsis para superar la pavorosa tragedia por la que estamos atravesando.

El Informe Mundial 2011 de HRW sobre Colombia, señala entre otras monstruosidades:

“El gobierno de Álvaro Uribe se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y la vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema.”

“La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos, a un promedio de varios cientos de miles cada año.”

“Los grupos sucesores de los paramilitares ejercen el control territorial de algunas regiones La tolerancia de estos grupos sucesores por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento.”

“En el denominado escándalo de la "parapolítica", se investigó a más de 150 congresistas -la mayoría pertenecientes a la coalición del presidente Uribe-, y al menos 20 han sido condenados. El gobierno de Uribe tomó medidas que podrían haber frustrado las investigaciones, como proferir ataques públicos y a título personal contra miembros de la Corte Suprema.”

“Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo.”

“Las confesiones de los líderes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz sufrieron un retroceso cuando Uribe extraditó a la mayoría de los líderes paramilitares a Estados Unidos para que fueran juzgados por delitos de narcotráfico.”

“En los últimos años se han atribuido al Ejército una cantidad alarmante de ejecuciones extrajudiciales de civiles, incluida la ejecución de "falsos positivos", término con el cual se alude a los casos en que, ante la presión por demostrar resultados, asesinan civiles y luego informan que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos.”

“El DAS, que depende directamente de la presidencia, durante años ha implementado prácticas como la intervención ilegal y generalizada de teléfonos y mensajes de correo electrónico, así como seguimiento de sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema. Según versiones de ex funcionarios del DAS, esta vigilancia ilegal habría sido ordenada por funcionarios de alto rango del gobierno de Uribe.”

No obstante lo anterior, la edición impresa del pasado 23 de enero del diario referido, en destacado titular de primera página, dice textualmente: “Reconocen esfuerzos del país en tema de DD.HH.”, y su edición digital se alebresta: “HRW reconoce el esfuerzo del gobierno de Juan Manuel Santos en DD.HH.” ¡Por Dios! He aquí un ejemplo de la manipulación por parte de algunos medios, siempre en complicidad con los grandes conglomerados económicos y en ayuda de una institucionalidad erigida por ellos mismos a la medida de sus intereses.

Y en este, como en tantos otros casos, tales adaptaciones de la información han tenido éxito por una sola razón: nos ven y tratan como idiotas. Pero es que ellos saben muy bien, cómo no, que la inmensa mayoría de sus lectores no pasa de los titulares, y que si se ocupan del texto, no hay problema, el titular efectista ya hizo su trabajo.

Desde luego que esta observación no es una simple conjetura, ni una recriminación a la ligera. Acabamos de demostrarlo con la anterior trascripción fiel de algunos apartes del documento que retrata con crudeza la aberrante situación que estamos viviendo. Por ello hay que reconocer mayor honradez en otros medios que publican en concordancia con lo sustancial de la dramática denuncia.

El Comercio de Quito, apunta a su médula: “Colombia, el país con mayores homicidios de sindicalistas”- y Radio Santa Fe lo interpreta con rigor crítico: “HRW condena a Colombia por crimen de sindicalistas y auge de paras y desplazamiento”. En tanto, el periódico de marras saca con pinzas del informe, para titular, unas breves alusiones al gobierno actual, en donde se dice de la “preocupación” del Presidente por estas revelaciones, mencionando algunas políticas suyas que, hay que reconocerlo, encaminadas en la dirección correcta, develan a un mismo tiempo las atrocidades acaecidas durante el régimen uribista del “todo vale”, pero convirtiendo la “preocupación” y algunas acciones del gobierno actual, en la gran conclusión del estudio.

En síntesis, con sus titulares pretendieron trocar las numerosas imputaciones a Uribe, por forzadas alabanzas a Santos.

Y esa no puede ser una interpretación trasparente. Es amañada y tramposa y exhala un cierto tufillo de desconcertante laxitud frente a la catástrofe puntualizada por Human Rights Watch.

sábado, 4 de febrero de 2012

Uribe y Merlín, paracos y bacrim

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

“Hoy no hay paramilitarismo”, proclamó enfática y solemnemente al mundo entero en septiembre de 2007 desde la Asamblea General en las Naciones Unidas el presidente Álvaro Uribe.


Y en Washington, el martes 29 de julio de 2008, en un saloncito del National Press Building, ante unos 30 curiosos, José Obdulio Gaviria, su asesor presidencial, dijo textualmente: "Paramilitarismo no existe hoy. No se dejen “engrupir” con los sectores que vienen a echar el cuento de que el paramilitarismo dizque se camufló, que hubo un acuerdo de “yo con yo”, o que fue una fórmula espuria para la impunidad. No, el paramilitarismo se acabó. (...) Esa noche terrible terminó." (?)

Entre tanto, casi 5 años después, ante la feroz arremetida y el aterrador crecimiento de las bacrim, que no son otros que los mismos paramilitares pero en cuerpo y con nombre ajenos, el senador Iván Cepeda le reclama al presidente Juan Manuel Santos por una aclaración sobre “la verdadera situación de las actuales estructuras paramilitares como los Urabeños”, comprometiéndolo para que desentrañe la responsabilidad del gobierno Uribe en aquellas publicitadas y muchas de ellas simuladas desmovilizaciones, y denunciando que estos aparatos criminales se limitaron únicamente a recibir la transmisión de mando del paramilitarismo, en medio de unas fantasiosas “entrega de armas”.

Frente al escandaloso panorama de hoy, cuando vemos incrédulos cómo estas bandas son capaces de atemorizar e inmovilizar a numerosos municipios de nuestra costa Caribe y el Chocó, lo dicho por aquellos, y lo reclamado por este, encaja a la perfección y tiene un sentido de sencilla interpretación y condena histórica todavía en estado de impunidad.

Quienes se empeñan en separar a las bacrim del paramilitarismo, de manera simplista vienen blandiendo la tesis de que se diferencian de estos en cuanto a que su mayor interés está en el narcotráfico. O sea, como lo dijo graciosamente Michael Reed H. en El Colombiano, que están más inclinados al "business" que a otra cosa. “El argumento es falaz”, acota el analista, “porque desconoce los vínculos históricos del paramilitarismo con el narcotráfico y el apogeo del negocio ilícito en el momento de la desmovilización”. Todos sabemos sin equívocos que desde sus orígenes, los paramilitares le añadieron a sus distractores propósitos contrainsurgentes el provechoso interés económico con recaudos generosos provenientes de ganaderos y empresarios, y que con el correr de los días, “descubrieron” que desde las canteras del narcotráfico, la financiación de sus “tropas” y el sin fondo de sus bolsillos se verían maravillosamente bendecidos.

Lo que podría determinarse como el mecanismo para su estabilidad y progreso en tanto que bandas criminales sin escrúpulos ni fronteras morales ni militares, y menos de control a sus actos de violencia, no es otro que la aplicación de un sistema de seguridad que, en oferta permanente, mantiene seducidos por la protección de sus intereses económicos, de un lado, a terratenientes, ganaderos y empresarios, y del otro, a las mafias del narcotráfico, ambos urgidos de tranquilidad y con el prurito de poder trabajar “en paz”, sin peligro para sus negocios, sus vidas y sus bienes. “En estos contextos, nos recuerda el investigador, “la economía y el ejercicio coercitivo de la violencia se reproducen mutuamente y pueden conducir a situaciones de auto-estabilización de un orden o régimen definido por intereses económicos.”

Esto lo practicaron los paramilitares. Esto lo practican las bacrim. ¿Cuál es, entonces, el temor, la falacia o el interés en no reconocer que unos y otros son lo mismo?

“Por estas razones, el ingrediente económico resulta crucial en la producción y reproducción de las estructuras armadas. Los grupos armados que hoy tienen presencia en las zonas de bonanza económica ilícita explotan su capital acumulado en el pasado y recurren a técnicas aprendidas a través de los años. Negar la continuidad de estas estructuras armadas -enfatiza Michael Reed H-, es obstaculizar la comprensión de un fenómeno que crece y se consolida. El pasado da pistas, no las anulemos.”

Pero queremos ser aún más explícitos. Como sabemos, cuando se confiesa la adicción, comienza la cura. Por ello clamamos por que se revele toda la verdad, y al igual que Iván Cepeda, -y de alguna manera también, Alfonso Gómez Méndez, Antonio Caballero, Alfredo Molano, Daniel Coronell y tantos otros-, exigimos indagar por la responsabilidad del régimen uribista, insistiendo en que los colombianos no podemos abstraernos del conocimiento puntual de la génesis de esta barbarie, y en consecuencia, acceder a los nombres y apellidos de aquellos que fueron sus gestores, sus encubridores, sus benefactores, sus secuaces y sus beneficiarios.

“No es cierto, como se le hizo creer al país, que el paramilitarismo había desaparecido gracias a la ley de justicia y paz y a la "encomiable" labor del locuaz siquiatra que ahora anda enredado con la justicia...”, escribe Gómez Méndez, “ha sido un eufemismo llamar "bandas criminales" a grupos que tienen toda la estructura del narco-paramilitarismo.”

Ahora bien, que la Fundación Nuevo Arco Iris sostenga que son 82 bandas el componente de las bacrim, y con presencia en 273 municipios, o que la Defensoría del Pueblo acepte este número pero reduzca a 141 los municipios de su incidencia, y que la Policía los cuantifique en 4.000 mientras otras fuentes en un mínimo de 10.000, de poco sirve. Son los que son, y lo que son, y cada día crecen como espuma. Y ahí están para vergüenza de los incrédulos y pesado fardo de culpabilidad para los que se esfuerzan en negarlos.

Son, pues, estas bacrim, más que bandas emergentes del narcotráfico, más que la mera continuidad del paramilitarismo, o supérstite del mismo, o que el paramilitarismo redivivo, el mismísimo paramilitarismo vivito y coleando del que el expresidente Uribe, ufanándose de su varita mágica y emulando con el mago Merlín, anunciara su defunción por allá en el milagroso año 2007.