sábado, 10 de marzo de 2012

Entre lo audaz y lo grotesco

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com
De entrada, el prejuicioso puede caer en la trampa pensando que quien tanto critica el “mal gobierno”, aunque con mayor reciedumbre al anterior, ahora entra en la danza de las zalemas celebrando logros de la administración Santos, por lo que, quizás, querrán cobrármela ajustándome el epíteto de “santista”. Pues no. “No me crean tan pendejo”, porque lo que es este aguacero de despropósitos suyos, esos sí imperdonables y con tendencia a adquirir características de “maldita Niña”, tales como que en el nombre de los colombianos “le pido perdón a Belisario”, y por añadidura, que nos perdonen los militares -al pueblo y a las víctimas- por la sangrienta y criminal retoma del Palacio de Justicia, aquella en la que se esculpió para la Historia la muy “patriótica” frase de “Aquí salvando la democracia, maestro”, sólo podrían despertar la aprobación de una extrema derecha como la que representan Uribe y su equipo SWAT de obcecados perseguidores de “opositores terroristas”.

He ahí lo grotesco.

Sin embargo, en aras de la objetividad, vamos al grano. En un país como el nuestro, en donde un altísimo porcentaje de las noticias que inciden directamente en la inmensa mayoría de la población son malas -las buenas, como el crecimiento económico, lo son para el 6 por ciento-, para poder seguir viviendo en la fantasía de ser los más felices del mundo, se hace menester indagar por los pocos anuncios positivos, aferrándonos a ellos para no perder, ni la esperanza de vivir días mejores, ni la costumbre al goce y la dicha cotidiana que nos achacan.

Dos hechos, entonces, muy concretos ellos, ocupan ostensiblemente este lado bueno del discurrir noticioso. Ambos, por fortuna, nos abren las puertas del optimismo y nos conducen al reconocimiento y el aplauso obligado. De una parte, la educación gratuita en los colegios públicos y, de otra, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

He aquí lo audaz.

Referente a la primera, siempre habíamos imaginado que tamaña afirmación de la justicia, de la observancia de la Constitución y del acatamiento del derecho de la gente a una educación gratuita y de calidad, era simplemente una utopía, pero que de llegar a alcanzarse algún día, sería inevitablemente bajo un Estado Socialista. Pero no, vaya, sorpresa. ¿Quién iba a sospechar que asistiríamos en vida a la gratuidad educativa de la juventud colombiana desde los grados cero a once? Personalmente, a tal avance le había decretado ya la “extinción de dominio” en el universo de mis sueños.

Tanto la Corte Constitucional, como el Gobierno actual, hicieron el milagro y han echado a andar esta formidable iniciativa que beneficiará a cerca de 9 millones de chiquillos y adolescentes de todos los colegios públicos quienes, a partir de este año, tienen acceso a sus matrículas, textos, pensiones y diversos útiles escolares de manera totalmente gratuita. Para su financiamiento, se ha dispuesto un poco más de medio billón de pesos, suficientes según estudios serios para cubrir el ambicioso programa. Así, pues, la población de escasos recursos podrá asistir a sus planteles educativos ¡sin aportar un solo peso! Y pese a que algunos avivatos, diestros trasgresores de cualquier norma de la que le puedan sacar provecho vienen haciendo su agosto con cobros tales como “aportes voluntarios”, bonos, inscripciones a tal o cual actividad recreativa -lo que ya se ha comenzado a corregir con severidad-, el revolucionario sistema de educación gratuita es ya una realidad en nuestro país.

Ahora bien, la otra noticia, que aunque también obedece a la obligatoriedad gubernamental de aplicar la Constitución y velar por el cumplimiento de una justicia social eficaz, no deja por ello de ser francamente revolucionaria. Se trata de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Cuánto “caramelo” y qué forma de menospreciar, desnaturalizar o denigrar la que se vio durante el nefasto régimen uribista del sagrado derecho de aquellos cientos de miles de compatriotas que, desamparados, venían clamando por la garantía a sus derechos y el respeto y amparo de sus vidas y bienes en medio de asesinatos, persecuciones y desplazamientos atroces.

Puesta en marcha por el gobierno Santos y liderada con devoción y tesón por el ministro Juan Camilo Restrepo, ya viene dando unos resultados que hacen vislumbrar lo que podría llegar a ser la mejor aproximación al inicio de una urgida reforma agraria, sin la cual el país jamás podrá encausarse por las vías del desarrollo pleno y de una cumplida igualdad social.

La Ley 1448 de junio10 de 2011 afectará sensiblemente, por sí misma, la geopolítica colombiana, allanará el camino para el apaciguamiento del conflicto social, reactivará el campo y, de contera, producirá un fuerte y valioso impacto sobre la sicología de la población rural.

Y un punto clave de las bondades e innovaciones de esta osada “empresa” es el concerniente a la inversión de la carga de la prueba. A la injusticia que pesaba sobre los hombros de las víctimas reclamantes en cuanto a la carga de la prueba, se la pone ahora patas arriba lográndose la equidad con la nueva modalidad que obliga al Estado, no sólo a aceptar la presunción de un eventual despojo, sino a ayudar a conseguirla y allegarla a los procesos.

Todo parece indicar que ya no habrá reversa en la ejecución de la Ley y la restitución de tierras a los campesinos despojados. Naturalmente que a su aplicación le espera un camino escabroso. Sus enemigos embisten. Enrique Santos Calderón los enumeró bien: “gamonales, latifundistas, narcos, paras, políticos corruptos, godos feudales, empresarios salvajes y el uribismo más recalcitrante.”


Finalmente, vuelvo a lo mío. Por antonomasia, se le asigna al columnista el implacable papel de crítico, destructor y negativo. El obsequioso se sume en la bruma de la mediocridad. Eso dicen. Pues ni crítico de oficio, ni adulador de ocasión, con este reconocimiento simplemente honro la verdad.